Observadores judiciales analizarán la justicia rionegrina

Lo resolvió la Comisión Permanente de Protección de la Independencia judicial tras una presentación de Jufejus, en donde expresa preocupación por declaraciones referidas a integrantes del Poder Judicial provincial. Recabarán más información sobre la situación.



RÍO NEGRO

Representantes de asociaciones de magistrados se constituirán en Río Negro para analizar la situación y elaborar un informe sobre la situación de la Justicia en esa provincia, que será elevado a una comisión que funciona en la Corte Suprema nacional, después de que se pidió el juicio político para el presidente y un vocal del tribunal patagónico. En ese sentido, se informó en el Palacio de Tribunales que hoy “se reunió la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial con la presencia de las Ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay”. Además, estuvieron los representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Lozano; de la Asociación Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, y de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel Fleming. La reunión “fue convocada a partir de una nota presentada a la Comisión por la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) donde se exterioriza la preocupación que en diversos ámbitos del quehacer judicial habrían provocado algunas declaraciones periodísticas referidas a los integrantes del sistema judicial de la Provincia de Rio Negro, más específicamente, respecto a algunos jueces del Superior Tribunal de Justicia de dicha provincia”, se indicó. “La Comisión decidió encomendar a las Asociaciones que la integran para que, a través de los representantes que se designen, se constituya un equipo de observadores en dicha Provincia con el fin de recabar mayor información sobre la situación denunciada, la que será posteriormente puesta en conocimiento de esta Comisión”, añadió la comunicación oficial. Días pasados el legislador del Frente para la Victoria Fabián Gatti pidió el juicio político para Alberto Balladini, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y para Víctor Sodero Nievas, vocal del cuerpo, por presunto mal desempeño. Balladini había presentado su renuncia pero aún no le fue aceptada. En ese sentido, el gobernador electo Carlos Soria dijo que ambos magistrados “van a tener que dar cuenta de cada una de las sentencias que han firmado y de lo que han dejado hacer. Se van a jubilar, en mi criterio, el año del arquero como dice la gente”. El presidente de la JUFEJUS, Rafael Gutiérrez, advirtió que “realmente genera una honda preocupación el intento del gobernador electo Carlos Soria de avanzar sobre la independencia del Poder Judicial de Río Negro, específicamente sobre el Superior Tribunal de Justicia y sus ministros Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas, visto el pedido de juicio político para destituirlos con la finalidad de intentar nombrar jueces que le respondan”. “Se están analizando todas las medidas que sean necesarias para evitar el atropello que quiere llevar adelante el gobernador electo, atacando la independencia judicial”, añadió. En tanto, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial dijo que “sigue con preocupación el curso de estos acontecimientos” y anunció gestiones que incluyeron la reunión con otras asociaciones y con la Comisión para la Protección de la Independencia de los Jueces. El Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia expresó por su lado su “honda preocupación” y afirmó que “la independencia de los jueces es un pilar esencial del estado constitucional de derecho constitutivo del sistema republicano de gobierno”. “Hechos como los ocurridos en los que, mediante presiones que ponen en riesgo la persona, la honra y los bienes de los jueces vulneran dicha independencia, comprometen las garantías que a todos los ciudadanos como integrantes de una comunidad le son debidas”, sostuvo en un comunicado. Por ello, reclamó “prudencia y respeto a las instituciones, evitando conductas impropias y susceptibles de alterar el estado de derecho, la credibilidad de las instituciones y la pacífica convivencia”. Agencia DyN y CIJ (Centro de Informaciónn Judicial)


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