Ocho empresas en 12 años: las otras expropiaciones K

El caso Vicentin registra varios antecedentes en los gobiernos del matrimonio Kirchner. Las transferencias del Tesoro a firmas del Estado llegaron a representar hasta un 2,5% del PBI.



Instalaciones del Correo Argentino, en Retiro.

Hay un dato incuestionable: el kirchnerismo no es virgen en lo que refiere a expropiaciones y re-estatizaciones.

La controvertida decisión del gobierno de Alberto Fernández de intervenir y eventualmente expropiar la cerealera Vicentin volvió a sacar a la superficie el debate sobre una tendencia que marcó los gobiernos Néstor y Cristina Kirchner desde el 2003 al 2015: la participación del Estado en la actividad económica empresarial.

La expropiación de YPF costó al menos US$5.000 millones.

Determinar un número claro e indiscutible en lo que refiere a estatizaciones durante la década kirchnerista es complejo, considerando que los gobiernos K no sólo re-estatizaron empresas privatizadas durante los 90’, sino que crearon empresas que asumieron funciones que el Estado había perdido. La dificultad aumenta por la falta de datos públicos y centralizados. Sin embargo, en base a informes del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el último gobierno, se puede elaborar un panorama.

Existen en Argentina más de 100 empresas en las que el Estado tiene alguna participación. Según el estudio de CIPPEC hecho por Gonzalo Diéguez y Agustina Valsangiacomo en 2016, de las trece empresas incorporadas al Estado entre 2003-2015, seis fueron creadas y siete fueron reestatizadas.

En esta última lista podrían incluirse Correo Argentino (estatizado en noviembre del 2003), Thales Spectrum (anulación de la privatización del espacio radioeléctrico del país en 2004), Agua y Saneamientos Argentinos - AySA (2006), Tandanor (2007), Aerolíneas Argentinas (2008), YPF (2012) y Ferrocarriles (2008 a 2013). La lista no incluye, por otra parte, la polémica expropiación de Ciccone Calcográfica que “como se judicializó el proceso, no se llegó a conformar una empresa de propiedad estatal mayoritaria”, explica Diéguez a RÍO NEGRO.

Aerolíneas, la primera estatización de Cristina Kirchner.

Calcular un costo global de las estatizaciones en la década kirchnerista es una tarea compleja. Cada caso tiene sus particularidades. Cálculos estimados dan cuenta de que más de 12.000 millones de dólares fueron los colocados por el Estado en estas empresas tomando los costos de expropición, subsidios para su funcionamiento, créditos tomados y juicios pendientes de resolución.

El Correo, la primera estatización de Néstor Kirchner, fue incorporado al Estado cuando la deuda de la empresa del Grupo Macri llegaba a $ 300 millones (las devaluaciones y la inflación suman dificultad a una actualización de los valores). El Estado le pagó a Repsol unos U$S 5.000 millones en bonos por el 51% de YPF, pero un juicio en curso en Nueva York podría costarle a la Argentina otros U$S 9.000 millones. El año pasado se pagaron U$S 330 millones al Grupo Suez por la rescisión del contrato del servicio de aguas, y el CIADI ordenó pagar U$S 320 millones por Aerolíneas.

Una de las planta de Aysa en Buenos Aires.

Respecto a la creación y estatización de empresas de 2003 a 2015 el informe de Cippec señala: “Esta nueva configuración representó un incremento en 3,5 veces de la dotación de los recursos humanos en las empresas públicas, pasando de 27.000 a 120.000 trabajadores”.

Un informe del 2019, de la Jefatura de Gabinete del gobierno Macri, hace recuento detallado de la evolución del empleo en las empresas de propiedad estatal.

De las estatizadas por los gobiernos K: Aerolíneas Argentinas tenía en 2015 unos 12.330 empleados, y en 2018 tenía 12.375; Trenes Argentinos pasó de 23.918 a 22.296 y Belgrano Cargas y Logística S.A de 4.598 a 3.889; Tandanor tenía 653 empleados en 2015 y 458 en 2018; Correo Argentino pasó de 18.576 a 16.632; Aysa de 6.441 a 6.948 trabajadores. De YPF el informe del último gobierno no daba datos, pero el CIPPEC indica que en 2015 tenía 22.000.

La imprenta Ciccone,en la provincia de Buenos Aires.

En un informe publicado en 2016, la OCDE destacó: “La performance de las empresas estatales ha sido heterogénea, pero la mayoría de ellas han, hasta recientemente, generado grandes déficits operacionales. Los datos del 2015 muestran que de 30 empresas que aparecen en el Presupuesto Nacional, el 60% tuvo déficit. Al excluir empresas financieras como el BICE o Banco de la Nación Argentina, el déficit fiscal aumenta al 80%. Los grandes déficits se han compensado mediante transferencias del Tesoro Nacional, con un énfasis principal en sectores estratégicos como el transporte o la energía. que representan el 70% de las transferencias totales”.

La tragedia de Once, clave en la estatización de los FF.CC.

El informe del gobierno en 2019 da cuenta del claro avance del aporte del Estado a las empresas: en 2007, las transferencias del Tesoro Nacional a empresas estatales representaba tan sólo el 0,2% del PBI; en en 2011, ya era el 1,1%; en 2014 llegó al pico de representar el 2,4% del PBI: en 7 años los aportes se multiplicaron por doce, por el crecimiento del número de empresas y por el mayor flujo hacia el conjunto de esas empresas. En 2015 bajó al 1,51% y en el 2018 a 0,94%.


Correo Argentino-Noviembre 2003

La del Correo Argentino fue la primera estatización de Néstor Kirchner, y la llevó adelante a sólo seis meses de haber asumido la presidencia de la Nación. La compañía, propiedad del Grupo Macri (Socma), comandada entonces por el fallecido Franco Macri, padre del ex presidente Mauricio Macri, había inciado en 2001 un concurso preventivo de quiebra y debía casi $ 300 millones: el dólar se encontraba entonces cerca de los 3 pesos. Considerando la deuda y el estado de la empresa no hubo grandes controversias en el momento por la incorporación al Estado. En diciembre de ese año la justicia decretó la quiebra de la sociedad comercial, pero la discusión por la deuda llega hasta el día de hoy.


Ferrocarriles-2008-2013

Un proceso complejo. “La incorporación de empresas del rubro transporte ferroviario se dio de modo gradual e incremental a lo largo de los últimos 12 años. En primer lugar se creó en el año 2008 la Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF). Hacia el año 2013 se creó Belgrano Cargas y Logística S.A. y más tarde la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. Estas 4 sociedades quedaron luego subsumidas bajo el control de la novel empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. en el año 2015”, describe CIPPEC.

Se avanzó con fuerza en la estatización de las lineas de transporte de pasajeros tras la Tragedia de Once, que dejó 51 muertos en 2012 y, años más tarde, la condena de los responsables de Transporte y de Julio De Vido.


Aerolíneas Argentinas 2008

Primera estatización del gobierno de Cristina Kirchner, luego de sufrir una dura derrota en el Congreso en la votación por las retenciones al campo.

El gobierno retomó el control de Aerolíneas y su filial Austral después de que el Senado aprobara en diciembre la expropiación del grupo español Marsans, que había estado dirigiendo la compañía desde 1989. Jamás hubo acuerdo sobre el precio a pagar, el kirchnerismo denunció que la empresa había sido vaciada. En 2019, el CIADI ordenó al Estado argentino pagar U$S 320,7 millones más gastos legales. Se estima que la compañía recibió del Tesoro, entre 2009 y 2015, un promedio de U$S 700 millones anuales para solventar el déficit.

En el año 2015, de acuerdo a datos oficiales del gobierno de Macri, se le transfirieron a la empresa unos U$S 900 millones.


Ciccone-Agosto 2012

Tras el escándalo político que del intento del vicepresidente Amado Boudou de quedarse, a través de testaferros, con la empresa fabricante de billetes, Cristina Kirhner ordenó la expropiación de la empresa. En agosto de 2012, en la Cámara de Diputados aprobó una ley para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana” (ex Ciccone), y se estableció que cumplido el proceso todos los bienes de la empresa pasaran a la Casa de la Moneda. El Tribunal Oral Federal N°4 condenó a Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública a 5 años y 10 meses de prisión. La Justicia comercial resolvió en 2016 que el Gobierno nacional debería pagar $ 350 millones por la expropiación de la ex imprenta. En medio del conflicto judicial, nadie se presentó para cobrar como dueño.


Agua y Saneamientos Argentinos/ AySA-Marzo 2006

El gobierno nacionalizó los servicios de agua al cancelar el contrato de concesión del operador de agua y alcantarillado Aguas Argentinas una concesión otorgada al grupo francés Suez, que ganó en 1993 el concurso de privatización de la ex Obras Sanitarias. Fue reemplazado por una nueva empresa estatal, AySA, propiedad del 90% del Estado nacional y el 10% por los empleados. El Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ordenó en 2015 el pago de casi u$s 405 millones. El gobierno de Macri negoció en 2019 una quita del 25% de la deuda y emitió bonos para el pago de U$S 330 millones.


Thales Spectrum-Enero 2004

El menemismo privatizó el espacio radioléctrico -las ondas de radio, teléfono y televisión-del país en 1997 y se lo concedió a la empresa francesa Thales Spectrum. En febrero del 2004, el gobierno de Nestor Kirchner rescindió la concesión alegando una maniobra de corrupción y acusando a la empresa de haberle causado un perjuicio al Estado por unos 302 millones de pesos. La causa ya estaba al borde de la prescripción en 2018 y no hubo mayores novedades al respecto. En 2006 el gobierno creó AR-SAT.


YPF-Abril 2012

“No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, decía el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, un día después de anunciar un plan para expropiar YPF. En mayo del 2012, la Cámara de Diputados sancionó la ley de expropiación, sin dejar en claro cuánto se pagaría.

En marzo del 2014, el Senado de la Nación aprobó el acuerdo al que arribaron el gobierno argentino y la petrolera española Repsol, por la expropiación y el pago del 51% de las acciones de YPF. El acuerdo contemplaba una compensación de U$S 5.000 millones en títulos públicos -el número se calcula mucho mayor considerando intereses- y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados. Sin embargo, los accionistas minoritarios de YPF denunciaron al Estado nacional por la violación del estatuto de la empresa en la que habría incurrido el gobierno al no ofrecer comprar las acciones de YPF de los accionistas minoritarios cuando expropió el 51%. El juicio sigue en Nueva York, y los reclamos por daños económicos llegan hasta U$S 9.000 millones.


Talleres Dársena Norte - Tandanor-Abril 2007

El Gobierno de Néstor Kirchner nacionalizó el astillero naval, que había sido privatizado en 1991, acusando irregularidades que tuvieron lugar durante el proceso de licitación: se alegó que la empresa Indarsa pagó sólo 7 de los 59 millones de dólares en los que había sido tasada la empresa. Tandanor sigue funcionando reparando embarcaciones: en 2015 tenía un déficit de $ 465 millones. En 2018, el gobierno informó una deuda de $ 80 millones.


Análisis | Vicentin: medio para quebrar la hegemonía del campo


Por Javier Lojo

Los números que muestran las empresas públicas son fuertemente deficitarios.

Aunque parezca ocioso recordarlo, Argentina ya tuvo actividad empresarial estatal diversificada y decenas de empresas públicas proliferaron entre los años setenta y ochenta. Sus pérdidas llegaron a superar el 10% del PBI. Estos desequilibrios eran financiados, como es natural, con los escasos impuestos públicos que se recaudaban, lo que terminaba por golpear de lleno sobre la Salud, la Educación y la Seguridad de la población, servicios naturales del Estado.

Hoy volvemos a encontrarnos con el mismo dilema, fortaleciendo el concepto de que los procesos históricos de reformas en Argentina pueden resumirse en movimientos pendulares que van desde los intentos por utilizar la intervención estatal para remediar las ‘fallas del mercado’ a los esfuerzos del sector privado por corregir las ‘fallas del Estado’. Pensamiento binario, base de la grieta que hoy nos está afectando como sociedad.

Alberto Fernández -todavía no queda claro si por propia voluntad o por imposición de su vicepresidenta- intenta avanzar en un nuevo proceso de estatización. Ahora el lema es “la seguridad alimentaria” para lograr el control del Grupo Vicentin. El sueño de expropiar a la cerealera va mucho más allá del relato de contar con una empresa testigo para dar valores de referencia a los pequeños y medianos productores, algo falaz teniendo en cuenta que la oferta argentina no es formadora de precios y el mercado de granos es uno de los más transparente dentro el comercio internacional. El verdadero objetivo detrás de la estatización de Vicentin, es romper con la hegemonía del campo, uno de los pocos sectores que hoy puede poner límites a ciertos avances del Ejecutivo sobre bases republicanas del país.



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Ocho empresas en 12 años: las otras expropiaciones K