Ocupantes piensan construir sus casas con ladrillos

CIPOLLETTI (AC).- Hace exactamente tres semanas, el sábado 20 de agosto, Cipolletti amaneció con una nueva toma. Unas 20 familias se instalaron en el predio aledaño al depósito judicial, que según el municipio tiene como destino la construcción de una escuela primaria. Se hizo la denuncia penal, una de las ocupantes tuvo que ir a declarar y no se supo más nada.

Ahora ya son 30 las parejas con sus hijos que viven en estas tierras próximas a la ruta 22. Pese a la causa judicial en trámite aseguran que no se irán de allí. Es más, anunciaron que en estos días algunos comenzarán a levantar sus casas con ladrillos porque quieren quedarse en ese lugar. «No queremos nada de arriba -aclararon-. Queremos comprar los terrenos».

Apenas se supo de esta toma las autoridades municipales informaron que los tres terrenos usurpados pertenecían al municipio y que dos de ellos habían sido cedidos al Consejo Provincial de Educación para la construcción del nuevo edificio de la escuela rural 50. El otro predio, afirmaron, fue donado a la Policía local para ampliar el depósito judicial.

Pero con el correr de las horas se determinó que pese a esta intención las tierras seguían siendo de la municipalidad. Por eso no fue ninguna autoridad de Educación ni de la Policía rionegrina quien realizó la denuncia, sino el secretario de Gobierno del municipio de Cipolletti, Claudio Di Tella.

«Me denunció sólo a mí», reprochó Carina Castillo, una de las personas que se encuentra en la toma y que oficia como vocera del grupo.

La mujer dijo que tuvo que presentarse en la División Judicial a partir de esta causa, aunque ella dejó en claro que son 30 las familias instaladas en el predio, no sólo ella. «Que nos hagan causa a todos», dijeron otros integrantes de la toma ayer. Luego de ello, no tuvieron más noticias de la Justicia.

El sábado 20 eran sólo un grupo de carpas las que formaban la toma. Ahora ya se ven algunas empalizadas de lo que serán futuras viviendas precarias y se destaca un gran tinglado, donde la gente se reúne para compartir una olla comunitaria que preparan todos los días.

Por ahora todo es sumamente rudimentario, pero según afirmaron ayer este fin de semana algunos de los integrantes de la toma «comenzarán a construir con ladrillos».

«Queremos quedarnos acá. Queremos comprar los terrenos», repitieron los ocupantes. Dijeron que «no es cierto» que las tierras fueron cedidas al CPE para la construcción de una escuela. «No hay papeles, fue sólo un comentario que hicieron. Los terrenos siguen siendo de la municipalidad», aseguraron.

La gente denunció además que en estos días sufrieron algunos «aprietes» de presuntos «punteros» del gobierno municipal y que no reciben ningún tipo de ayuda.

Comentaron también que el recolector de residuos que acostumbraba a pasar día por medio por el depósito judicial, desde que pidieron que retirara la basura domiciliaria que acumulan en el predio, «ya no pasa más». Tampoco va un recolector de escombros que solía acercarse al lugar.

Los usurpadores vivían en el barrio Labraña, muy próximo a estas tierras. En total, actualmente hay 48 chicos viviendo en la toma.

Le prometieron un alquiler y dejó de usurpar

CIPOLLETTI (AC).- Con la intervención de Acción Social del municipio se solucionó el problema habitacional del vecino Wálter Montelpare y de su familia -su esposa y tres hijos pequeños-, quienes se habían instalado el jueves en una vivienda del barrio Caracas -en calle Venezuela a unos 300 metros de Mengelle- pues creían que se hallaba deshabitada, según dijo al periodismo.

El tema produjo alguna tensión ese día porque llegó la persona que tiene una adjudicación precaria, Gerardo Martínez, y si bien no la habitaba permanentemente la estaba refaccionando y pagando, con planes, deudas diversas de todos los servicios, y exigió la restitución, haciendo la denuncia en la comisaría 32.

El licenciado Guillermo Irrazábal, de Acción Social, hizo de mediador con Montelpare -incapacitado por un grave accidente que le ocurrió con un colectivo hace unos 5 años- y le ofreció ayuda pecuniaria de su dependencia para afrontar por algún tiempo el pago de un alquiler módico.

Montelpare en principio se resistió a retirarse pero a las 22 llegó a la casa del barrio Caracas la jueza María del Carmen García, acompañada por jefes de la 32, y el hombre cedió.

Montelpare y su familia volvieron a la casa que debieron dejar por imposición del dueño, en calle Don Bosco. Allí se ubicaron, pero por pocos días, hasta que consigan otra para alquilar con subsidio de la comuna.