Ocupantes siguen en la ruta y sufrieron amenazas con armas

José Pierroni

ROCA.- Los ocupantes de 87 viviendas del plan del Sindicato de Viales en Roca permanecen cortando los accesos a la ciudad, exigiendo la inmediata apertura del diálogo por parte del gobierno provincial. Ayer la protesta -que comenzó el viernes a la mañana con quema de cubiertas y carteles en la Ruta 22- se había extendido a cuatro puntos clave: la rotonda de Ruta 22 y Ruta 6 (en las bocas que comunican de sur a norte y de este a oeste), el cruce de acceso a J. J. Gómez y la Ruta Provincial 65, a la altura del puente aéreo de la Ruta 6. El caos vehicular fue importante, especialmente por el aumento del tráfico por la celebración de Ceferino en Chimpay, y al mismo tiempo el malestar de los conductores que veían demorado su paso fue en aumento. La situación derivó en varios episodios de insultos hacia los manifestantes, pero llegó a puntos de extrema tensión en dos oportunidades: la primera cuando el conductor de una camioneta Fiat Fiorino amenazó a los referentes de la protesta con una maza, y la segunda cuando el dueño de una camioneta Chevrolet blanca, quien no pudo ser identificado por los manifestantes, sacó a relucir un revólver y los amenazó para que le abrieran paso. Si bien desde el área de Seguridad Vial se informó que los cortes en los distintos puntos eran totales, un referente de los piquetes, de nombre Pablo, aclaró que sigue la modalidad de abrir el paso cada 15 ó 20 minutos. “Mientras más tiempo estemos acá, más situaciones de violencia se van a generar, y nosotros responsabilizamos por cualquier cosa que nos pase al gobierno provincial, que nos cerró el diálogo. Ellos creen que el frío y el paso de los días nos van a cansar, pero se equivocan. Sólo queremos que nos escuchen”, dijo Pablo en diálogo telefónico con este medio. Imputados complicados Por otra parte, se conoció la resolución dictada el viernes pasado por los jueces de la Cámara Criminal Tercera de Roca, quienes confirmaron un nuevo procesamiento con prisión preventiva para Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu. Les atribuyen otras 585 estafas por la sobreventa de terrenos a postulantes al plan de las 167 Viviendas del Sindicato de Viales, que se encuentra parcialmente usurpado desde junio de 2012 por quienes ahora cortan la ruta en los accesos a la ciudad. La resolución complica a los dos hombres que están siendo juzgados en otro expediente por 101 hechos más e involucra también a otro hombre, Walter Enrique Martínez, en seis de las supuestas estafas.