Oficialismo presentó proyecto de expropiación de Aerolíneas
La iniciativa, que también incluye a Austral, propone declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones" a ambas compañías y sus empresas controladas. Esperan avanzar con el dictamen esta misma semana y llevarlo la próxima a la cámara baja.
Diputados oficialistas presentaron este lunes un proyecto de expropiación de las empresas en bancarrota del grupo español Marsans, Aerolíneas Argentinas y Austral, con la intención de aprobarlo la semana próxima, informó una fuente parlamentaria.
El proyecto propone declarar de «utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones» de ambas compañías y sus empresas controladas. La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones había recomendado al Congreso la semana pasada la sanción de una ley para la expropiación de la aerolínea de bandera y la empresa de cabotaje.
La intención del oficialismo es avanzar con el dictamen esta misma semana y llevar el proyecto al recinto de la cámara baja la próxima semana. En sus fundamentos, el proyecto señala que la gestión de Interinvest ha sido deficiente y considera inaceptable que «el transporte público aéreo en la Argentina siga en manos de una empresa que opera con notable incapacidad».
El Parlamento sancionó en setiembre una ley que habilitó la estatización de AA y Austral y a partir de ella el Estado y Marsans iniciaron negociaciones. Sin embargo, no hubo acuerdo en el valor de las compañías, ya que para el Tribunal de Tasación de la Nación tienen un valor negativo de 832 millones de dólares y para Marsans de alrededor de 400 millones de dólares.
Marsans insiste en que confía en un acuedo amistoso del diferendo, aunque ratificó que si se concreta la expropiación presentará una demanda contra Argentina ante el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial).
Las empresas fueron privatizadas en 1990, en una operación que está siendo investigada por la justicia. El grupo español, que se hizo cargo de las empresas hace siete años, dejó de operar las compañías, con una deuda de casi 890 millones de dólares, luego de haberlas comprado en 2001 al valor simbólico de un dólar a un organismo estatal español, momento en el que el erario público español tuvo que hacer un aporte de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran.
Fuente: AFP
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