Operativos en la inmobiliaria de Máximo Kirchner

Los dispuso el juez Bonadio, que investiga si hubo delito en los balances y lavado de dinero en el alquiler de habitaciones a Lázaro Báez por parte de Hotesur.

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En las oficinas que el hijo de la presidenta tiene en Río Gallegos buscaron pruebas de los alquileres que efectuó Báez.

causa Hotesur

Un operativo judicial se realizó ayer en oficinas de las empresas que administran los hoteles de la presidenta Cristina Fernández, en el marco de la causa Hotesur, ante lo cual el gobierno denunció que el procedimiento, en Río Gallegos, fue una maniobra política del juez federal Claudio Bonadio y el Pro de Mauricio Macri.

El juez investiga si Hotesur cometió irregularidades en la presentación de sus balances y lavado de dinero en el alquiler de las habitaciones a compañías de el empresario Lázaro Báez.

“Van a (Río Gallegos) a allanar con la Policía Metropolitana que conduce (Mauricio) Macri. ¿No tiene (Bonadio) más gestos políticos para hacer? Faltaba que el juez fuera con los globos del Pro”, ironizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El operativo fue para recabar información de movimientos de dinero, cuentas y depósitos, entre otras operaciones, en numerosas compañías, para cotejar con los de empresas sospechadas de, por ejemplo, lavado de dinero y que salpican a la familia presidencial.

Fernández sostuvo por Radio 10 que la diligencia en la inmobiliaria del sur en la que tiene sus oficinas el hijo de la presidenta, “es un espanto” porque se lleva a cabo “justo días antes de una elección”. A su criterio, el procedimiento persigue “tratar de ver si le sacan algún tipo de ventaja a este tipo de situaciones”.

Según se supo en Río Gallegos, donde la presidenta Fernández estaba para festejar el cumpleaños de su nieto (el hijo de Máximo), oficiales de Justicia aparecieron ayer con una orden de presentación en las oficinas de la empresa Idea SA y Valle Mitre, que administran los hoteles de la mandataria y funcionan en la inmobiliaria “Sancho, Sanfelice y Asociados” de esa ciudad. Allí trabaja Máximo, propietario junto a su hermana Florencia del 49% de Hotesur SA.

Según se indicó, Bonadio intentará dilucidar en la investigación una presunta maniobra de lavado de dinero que involucraría también al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Por ello se decidió requerir información a las empresas constructoras ligadas a Báez como Austral Construcciones, Loscalzo y Delcurto y Kank y Costilla, entre otras. Y además se pidió material a los bancos HSBC, Nación y Santa Cruz, así como a las empresas hoteleras Hotel Alto Calafate, Hostería Las Dunas, La Aldea y Los Sauces.

Los funcionarios se presentaron en la sede central del Banco Santa Cruz, en avenida Kirchner y Errazuriz, donde fueron atendidos por asesores letrados de la entidad y, se preveía lo mismo en las sedes de los otros bancos.

Técnicamente el trámite se llama “órdenes de presentación”.

(DyN/AFP)


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