Opinión: Bandera al suelo

La semana en Bariloche en la mirada de Daniel Marzal.





Datos

Además de denunciar a la gestión anterior por un millonario desvío de fondos, el actual gobierno municipal agregó a poco de asumir otra presentación no menos resonante. Acusó a la exintendente María Martini y a sus funcionarios del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas (IMTV) de haber adjudicado 63 lotes sociales de manera arbitraria, sin apego a la normativa vigente y con supuesto “interés electoralista”.
Subrayó además que la mayor parte de los beneficiarios incumplían los requisitos y no figuraban en el registro de demanda que lleva el IMTV. Casi 20 meses después el respectivo juicio de responsabilidad terminó con la absolución de los imputados. El Tribunal de Contralor entendió que la inconducta atribuida es indistinguible del mar de irregularidades que (antes y ahora) reina en el sistema de asignación de lotes sociales del Instituto.
La política habitacional fue una pieza importante del plan de gobierno del intendente Gennuso, cuyo primer cargo público fue justamente como titular del IMTV, durante la intendencia de Omar Goye.
La sentencia del Contralor subraya que el registro de demandantes es –en síntesis– un completo desmadre. Y que ese panorama perduró sin cambios cuando administraban los exfuncionarios sometidos a investigación y también durante la gestión actual.
Los cientos de barilochenses que regularmente acuden al Instituto en busca de solución habitacional son anotados en la base de datos que debería funcionar como un instrumento clave para la adjudicación de terrenos (escasos por definición).
El registro tendría que ser claro, público, transparente, y estar ordenado de acuerdo a una escala de méritos verificable, que sirva de reaseguro básico para los mismos aspirantes.
Pero nada de eso ocurre.
Hace pocas semanas el mismo Contralor impugnó la operatoria realizada por la Cooperativa de viviendas Rucas del Sur, que cobró abultadas sumas por lotes sociales que nunca le pagó al municipio, sin sufrir sanción alguna. La resolución encomendaba al IMTV que resuelva esas irregularidades y elabore una ordenanza para regular los acuerdos de tercerización con cooperativas, históricamente emparentados con “la especulación y el desorden”.
Hay como para empezar.

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