Opinión Publicada
Compartimos los artículos de textos de Ignacio Zuleta, Diego Dillenberger, Joaquín Morales Solá, Roberto Gargarella, Eduardo Fidanza y la editorial de diario La Nación.
El periodista Ignacio Zuleta hace una revelación en Ámbito Financiero: “¿Hasta dónde llega la pelea entre el Gobierno y la Corte por la reforma judicial? El fin de semana, los padres de Ricardo Lorenzetti recibieron amenazas por teléfono que mencionaron las posiciones de su hijo. Nadie de quienes escuchan lo que se dice en el 4° piso de los Tribunales, donde tiene su despacho el presidente de la Corte Suprema, se ha extrañado por eso, que tiene antecedentes en otros seguimientos que ha percibido el magistrado (fiscales, de algún servicio) que entiende que esto no es el final de nada, sino el comienzo de algo más importante”. En su artículo, alerta que “en dos días de la semana que viene pueden estallar los planetas. El Congreso aprueba la elección de consejeros de la Magistratura. Y el Gobierno tiene 48 horas para promulgar la norma y llamar a las elecciones
primarias. Entre el jueves 9 y el viernes 10 habrá andanada de recursos de la oposición. Usarán el per saltum, o sea que la Corte Suprema deberá resolver. ¿Juega eso la suerte sólo del nuevo sistema judicial o también arrastra a las PASO? (…) Como fondo, la crisis del federalismo fiscal con Nación vs. provincias – Si le dan a uno, quiebra el otro, y viceversa. Y la novela eterna del acuerdo entre Repsol e YPF por Vaca Muerta”.
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Diego Dillenberger, director de la revista Imagen, se lamenta en El Cronista Comercial: “Es evidente que a la oposición le cuesta trabajar de oposición y presentar una alternativa de gobierno. Pero también es sorprendente que el empresariado argentino persista en su largo mutismo ante el avance del dirigismo estatal sobre la actividad privada. Los empresarios no atinan a defender el único sistema en el que las empresas son las protagonistas, y que es el único camino de desarrollo social que no precisa de “relato”, como lo demuestran casi todos los vecinos de Argentina”. De todos modos plantea: “Los empresarios no necesitan salir a los tiros, ni siquiera a los gritos o insultos contra el gobierno: alcanza con dar el debate en la opinión pública con el amplio abanico de “armas” pacíficas que ofrece la comunicación moderna.
Los empresarios cuentan con cañones más poderosos para enfrentar al gobierno de lo que ellos imaginan: su credibilidad. Por sorprendente que parezca, los empresarios argentinos gozan hoy, en comparación, de un nivel de credibilidad relativamente alto, cuando el gobierno está literalmente en el suelo”.
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Para Joaquín Morales Solá en La Nación, “la única guerra que Cristina Kirchner no había previsto era contra la ONU , la organización más poderosa de la comunidad internacional. Rotos los lazos con aliados históricos y estratégicos, en el momento de mayor aislamiento de la Argentina desde 1983 y con la paciencia agotada en muchas capitales, el duro documento de la ONU sobre la reforma judicial se convirtió en paradigma y símbolo. Sirve para medir la amplitud de la soledad y para establecer hasta qué punto es ilegal una reforma que terminará borrando cualquier noción de independencia de la justici argentina. Al revés de lo que dice el furioso y rústico documento de réplica del gobierno argentino, la relatora especial de las Naciones Unidas, la brasileña Gabriela Knaul, demostró haber estudiado cada pñroyecto enviador por la Presidenta a su dometicado Parlamento. Apuntó, con precisión, contra las dos reformas más importantes: la que cooptará al Poder Judicial para la corporación política reinante y la que convertirá a los argentinos en víctimas permanentes de su Estado. A esa tragedia democrática se llegará con la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura y con las limitaciones de las medidas cautelares, que resguardaban a los ciudadanos de las decisiones de los gobiernos hasta la decisión definitiva de la Justicia. Esas decisiones son inconstitucionales, porque violan varios artículos de la Constitución argentina, tanto del viejo texto como del nuevo de 1994. La relatora Knaul agregó ahora que también son violatorias de varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la Argentina ha suscripto”.
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Roberto Gargarella, en La Nación, desmenuza la reforma del Poder Judicial propiciada por el Gobierno y se detiene en las modificaciones introducidas en la ley que regula el Consejo de la Magistratura. Considera que “desde una interpretación “procedimentalista”, insistiría en un argumento diverso, fuertemente respaldado por la doctrina internacional (desde John Ely hasta Jurgen Habermas) y nacional (Carlos Nino), y que por suerte defendemos no desde hoy, sino desde hace décadas. Los jueces deben reservar el control constitucional a poquísimos casos: precisamente éstos. De modo más claro: los jueces (contra lo que es su costumbre) deben dejar márgenes de acción amplísimos para la política democrática, pero la contracara de ello es que deben ser hiperestrictos en el cuidado de los procedimientos (las reglas de juego) que hacen posible esa política democrática. Por eso mismo, los jueces deben examinar con presunción de invalidez o inconstitucionalidad todos los cambios en las reglas de juego que (sin surgir de un acuerdo constitucional amplio y profundo) impliquen de algún modo cambiarlas en una dirección favorable al gobierno de turno, cualquiera que éste sea. En definitiva, no importa la concepción interpretativa que se adopte, la reforma del Consejo de la Magistratura no tiene salvación constitucional. ¿Podríamos decir, en conclusión, que nos encontramos ante el fin de la República? Seguramente, no. Nos encontramos frente a aquello a lo que el kirchnerismo nos ha acostumbrado: una norma antipopular, hecha en nombre del pueblo, viciada en su constitucionalidad en aspectos que le son centrales”
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Eduardo Fidanza, en La Nación, relata el resultado de su visita a Santa Cruz. “Recorro la provincia durante los días en que las denuncias de corrupción centradas en Lázaro Báez conmueven al país. “Nosotros ya lo sabíamos”, contestan los santacruceños de cualquier condición ante la pregunta de cómo recibieron la noticia. Lo dicen sin inmutarse, insensibles ante una atrocidad que han naturalizado de un modo que resulta inconcebible al observador. A medida que desciende el nivel educativo, se descubre una acentuada ambivalencia ante la corrupción: el “roban pero hacen” sigue siendo una explicación plausible para tolerar el enriquecimiento ilegítimo. La gente sabe y acepta cómo se hacen los negocios sucios: asociándose con el Estado, percibiendo y dando coimas, siendo amigo del poder. Refrenda esta idea un profesional que, refiriéndose a los ilícitos, me confiesa irónico: “En Santa Cruz para tener éxito hay que ser oficialista”. En la provincia de los Kirchner, el Estado no es benefactor, es corruptor, y la mayoría, consciente o inconscientemente, aspira a sacar una tajada de él”.
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En su editorial titulado “YPF, a un año del expolio” el diario La Nación hace un balance de la situación de la compañía. “Al cabo de doce meses, los resultados de aquella toma cinematográfica están muy lejos de los prometidos. Los precios de las naftas son cada vez más caros. Aumentaron 24% en un año. El gasto y la inversión son cada vez menos productivos. Y las importaciones de combustibles, más caudalosas: pasarán de los 9200 millones de dólares de 2012 a los 12.000 millones que se calculan para este año. En la producción se verifica un estancamiento. Y, en la refinación y venta de combustibles, una declinación de las utilidades. La captura de YPF por parte del Estado interrumpió varias negociaciones de asociación que llevaba adelante la administración privada. Esos procesos fueron interrumpidos para evitar “la enajenación de nuestras riquezas”. Lo curioso es que la dirección estatal de la compañía, a cargo del ingeniero Miguel Galuccio, se empeñó en conseguir acuerdos como los repudiados. Todavía no lo consiguió. Al cabo de un año, apenas llegó a anunciar brumosas asociaciones por ahora improductivas. Los motivos por los cuales esas negociaciones internacionales vienen fracasando son muy evidentes. El más relevante es que ningún inversor se involucra en una sociedad cuya propiedad está en disputa. Es lo que sucede con YPF. El Gobierno no encaró con Repsol negociación alguna. Apenas hizo llegar a sus directivos una propuesta informal que la petrolera española ha rechazado sin siquiera considerarla en una reunión de directorio”.
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