Escuchar

Exclusivo para

SUSCRIPTORES DE RIO NEGRO

Ya soy suscriptor Suscribite ahora

La Ley 26.737 estuvo en la mira de la voracidad foránea desde hace 13 años. en estos días lograron voltearla.

El Presidente de la Nación, dentro del paquete de medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia vigente desde fin de año, incluyó “subrepticiamente” la derogación lisa y llana de la ley contra la extranjerización de tierras argentina n° 26.737, denominada: “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, sancionada el 22 de diciembre de 2011.

Esta ley tiene en su espíritu la decisión soberana del Estado de proteger la tierra de los argentinos y argentinas, regulando los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, a personas humanas o jurídicas extranjeras, que no vienen a vivir y trabajar en territorio argentino, sino a llevarse sus riquezas.

Entre sus disposiciones indica: cupo del 15 por ciento de tierras permitidas para estar en manos de extranjeros, prohibición de venta a extranjeros de tierras que contengan cuerpos de agua dulce, límite de 1000 hectáreas para un mismo titular extranjero y prohibición de venta de inmuebles en zonas de seguridad de frontera, prohibición de la figura del testaferro utilizado con frecuencia y nulidad absoluta e insanable, sin indemnización, para los que violen la ley.

Esta normativa fue de esas leyes que nacen desde el pie, o sea desde el pueblo hacia quienes en definitiva la sancionaron.

Fue producto de la lucha de organizaciones políticas, agrarias, ambientalistas y sociales de todo el país y significó el freno al proceso de extranjerización en la Patagonia y en el resto del país.

Previo a su sanción, los alambrados y tranqueras crecieron al ritmo de las publicidades en medios del mundo, donde se ofrecían a precios irrisorios tierras “con costas de lagos y ríos” en el paraíso argentino.

Aparecieron los “Lewis”, los “Benethon”, los “Tompkins”, los “Burco”, el Príncipe de Holanda y en estos últimos años, los qataríes y árabes interesados por comprar.

Reina el extractivismo

El objetivo primario por contar con su paraíso privado en la Patagonia, luego viró hacia actividades con fin de lucro con la ganadería a gran escala, la construcción de hidroeléctricas, la mega minería, la explotación del petróleo, del gas, del uranio y del litio.

En definitiva, el “extractivismo” se difundió como un virus imparable sobre territorios de pequeños, medianos productores y comunidades indígenas.

De modo que Argentina estaba de remate en los 90, y ahora lo volverá a estar.

La derogación a la que hoy asistimos, no es producto de la casualidad porque el primer intento de desnaturalizar su objetivo fue el decreto de Mauricio Macri n° 820/16, que según la denuncia del diputado Tailhade, fue escrito de puño y letra por los abogados de Joseph Lewis en sus oficinas de la ciudad de Buenos Aires.

Hoy me atrevo a decir, que ningún argentino votó la entrega lisa y llana del territorio nacional a capitales británicos, italianos, belgas, qataríes, árabes o de otras naciones que pretenden arrebatarnos el agua, nuestros glaciares y los minerales estratégicos que se esconden en las entrañas del territorio nacional.

Jamás estuvo esta medida en ninguna plataforma política,

ni en ningún discurso previo o posterior a la elección. Por lo tanto, existió un evidente fraude al

contrato electoral, que deberá ser subsanado por el Congreso de la Nación en forma urgente.

En los próximos días, presentaremos acción de inconstitucionalidad del decreto e insistiremos en el debate en el Congreso de la Nación, con participación de organizaciones sociales, agrarias, campesinas e indígenas, además de todo un pueblo -que hoy sabe a ciencia cierta- que un grupo de empresarios extranjeros pretenden rematar al mejor postor el futuro de los argentinos.

* Legisladora bloque Vamos Con Todos- Unión por la Patria Río Negro