Cristina construye el primer último día de Alberto
El gravísimo desacato del Presidente a un fallo de la Corte replica la fallida estrategia judicial de la vice. Y anticipa lo que le puede esperar tras su mandato: fatigar pasillos de tribunales.
Desde hace meses, nadie esperaba un fallo distinto al que sacó la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie en Tribunales; nadie en el Congreso; nadie entre los gobernadores; nadie en la Casa Rosada.
Las audiencias de conciliación que promovió la Corte entre los representantes de Alberto Fernández y los de Horacio Rodríguez Larreta dejaron en claro que el arrebato de fondos al gobierno porteño, dispuesto por Nación para rescatar a Axel Kicillof de un motín policial en plena pandemia, carecía de fundamentos legales.
Desde el principio, la representación del Estado federal le fue encomendada al ministro Eduardo de Pedro y este la delegó en una funcionaria de segunda línea que tiempo después se haría famosa por un interregno breve al mando del Ministerio de Economía: Silvina Batakis, que encuadró de entrada de una manera errónea la defensa técnica del Estado federal. Sostuvo siempre, como factor de presión política sobre los jueces, que el conflicto era entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas las jurisdicciones provinciales. Que la devolución de fondos a Rodríguez Larreta implicaría una detracción de recursos a todas las provincias argentinas. Una disputa por la coparticipación secundaria. La Rosada pretendió instalar el conflicto en la línea de oposición entre unitarios y federales, con unas torsión irrrisoria de esos conceptos.
Como se vio en el fallo, para la Corte nunca estuvo en duda la coparticipación secundaria, la distribución de fondos entre las provincias, sino la primaria: el Estado nacional le quitó fondos ilegalmente a un distrito para asignárselos a otro, para no poner plata de su bolsillo. Por lo tanto, el Estado nacional debe cesar en esa conducta, devolver lo secuestrado y hurgar en su propia billetera para continuar girando lo que le giró a Kicillof. Con criterio prudente, el fallo ofreció como salida un promedio salomónico para la evolución de esos números.
Pero la caja en disputa es tan relevante que disparó una fisión nuclear en el Gobierno nacional, una reacción unificada en el espacio opositor, y se proyecta con un impacto institucional impredecible.
Cristina Kirchner mandó una instrucción de profundo y grave contenido autoritario: desconocer el fallo de la Corte. Activó la rebelión desde la periferia de Alberto Fernández: Kicillof y la liga de gobernadores. La vicepresidenta interpreta que la sentencia de los jueces es un disparo al corazón de la caja bonaerense con la que prevé financiar su resistencia política en el año electoral.
La vicepresidenta ordenó replicar la misma estrategia judicial que le viene fallando a ella misma con las causas que tiene en su contra: despreciar la defensa técnica, subestimar las instancias de conciliación, sobregirar el discurso político y, a la hora de la derrota construida, impugnar la legitimidad de los jueces.
A Massa le convenía una salida pactada con Larreta. Para gestionar una economía en crisis, necesita un gobierno, no un grupo de facciosos exaltados contra la Constitución.
Alberto Fernández parece comprender de a ratos la irracionalidad de ese camino de autodestrucción, pero la historia de su presidencia será la de una impotencia absoluta para resolver ese desafío. Cristina Kirchner no sólo está empujando al presidente de la Nación a un gravísimo desacato institucional: está tejiéndole con paciencia una telaraña prolija de consecuencias penales para el día después de que entregue el mandato. Una foto anticipada del primer último día de Alberto Fernández. Para que sepa de qué se trata eso de fatigar como imputado los pasillos de tribunales.
Sergio Massa balconea en el conflicto. El fallo de la Corte tiene resultado fiscal neutro sólo si resiste a la presión de emitir para cubrir el bache bonaerense que generó Kicillof. Massa tiene un ojo puesto en la restricción del acuerdo con el FMI y otro en el mapa de desgracias ajenas de eventuales competidores de una candidatura suya: De Pedro, Kicillof, Alberto Fernández, Cristina.
A Massa le hubiese convenido una salida acordada con Larreta. Para gestionar una economía en crisis, necesita tener un gobierno, no un grupo de facciosos exaltados contra la Constitución nacional.
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Desde hace meses, nadie esperaba un fallo distinto al que sacó la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie en Tribunales; nadie en el Congreso; nadie entre los gobernadores; nadie en la Casa Rosada.
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