El fracaso del Estado regional para introducir políticas públicas

Las denominadas economías regionales están constituidas por las regiones argentinas ubicadas fuera del área pampeana. La región norpatagónica del Alto Valle de Río Negro y Neuquén se caracteriza por las condiciones agroclimáticas óptimas para la producción de frutales de pepita –peras y manzanas– que se destina mayoritariamente a la exportación en fresco y a la industria de jugos concentrados, sidra y otros subproductos (frutas deshidratadas, conservas, mermeladas, etc.).

Las prácticas de grupos dominantes concentraron la participación en el mercado argumentando razones de productividad, fijaban precios y condiciones de pago a los pequeños productores en desmedro de su rentabilidad.

Sumado a ello, los sindicatos presionaron con mayores reclamos que no estaban basados en productividad. Además de ello, el Estado a través de la presión tributaria ha contribuido a acumular pobreza sobre este sector de pequeños productores, provocando el abandono de la actividad de algunos, que optaron por arrancar las plantas de frutales y destinarlas a otros usos, alquilar o vender su tierra, legado construido con el sacrificio de sus antecesores.

El Estado tiene la oportunidad de revertir esta crisis, pero para ello debe cambiar el paradigma del asistencialismo o solo preocuparse por las cuestiones de sanidad vegetal, o de utilización de medidas aisladas.

El crédito agrario para asistir a la transformación de este sector para recuperar un posicionamiento en los mercados internacionales exige que el Estado realice una participación activa mediante el arbitraje y coordinación para equilibrar las condiciones de competitividad de este sector.

Las provincias de Río Negro y Neuquén tienen regalías por la extracción de petróleo y gas. La Constitución provincial de ambos Estados prevé el destino de estas utilidades de recursos no renovables que se extraen debajo de la tierra para reponer capacidad productiva sobre la superficie.

El rol del Estado a través de programas de apoyo a la producción frutícola.

El papel del Estado es equilibrar el beneficio social y el rendimiento privado. Una forma es hacer internalizar a las empresas las consecuencias de la externalidad negativa.

Las funciones del Estado en concordancia con la jerarquía de las necesidades sociales abarcarían:

Garantizar la igualdad de condiciones de bienestar social, mediante prestaciones de salud, educación, seguridad y, fundamentalmente, una equitativa y justa redistribución de la renta; procurar los mecanismos para establecer la plena ocupación de la mano de obra, fomentando la estabilidad laboral, y rentas de niveles altos, en resguardo de un nivel de calidad de vida, condiciones de trabajo y seguridad personal; un desarrollo económico territorial equilibrado –interno y externo–, cuidando la utilización racional de los factores productivos, especialmente de los recursos no renovables, preservando la calidad del medio ambiente.

Políticas que no se implementan

La Constitución de la Provincia de Neuquén establece preceptos que rigen las políticas de Estado en materia de planificación y producción para el desarrollo sustentable. El artículo 75º “Impulsa políticas de exportación promoviendo la producción y comercialización de bienes y servicios, en función del valor agregado que incorporan a la economía regional”.

Quizás uno de los preceptos más trascendentes de la Carta Magna Provincial se encuentra en el artículo 99º referido al destino de las regalías hidrocarburíferas y gasíferas, tanto por su cuantía como por las implicancias que de ello resultaría: “Las utilidades provenientes de la explotación del petróleo, gas, carbón, energía hidroeléctrica y distintos minerales deberán emplearse en la realización de obras productivas que constituyen beneficio permanente para la Provincia del Neuquén, que favorezcan especialmente a la región donde se encuentre ubicada la respectiva industria extractiva, y otras zonas con posibilidades especiales”.

Se interpreta que el espíritu del legislador era compensar el agotamiento de las riquezas extraídas bajo el suelo, reponiendo en infraestructura productiva sobre su superficie, generando nuevas alternativas de producción y tecnología, manteniendo así el nivel de actividad económica que garantice el arraigo de los pobladores de esas zonas extractivas, pero también dinamizando la producción primaria como auténtica fuente de recursos naturales renovables.

De esta manera, las políticas de Estado contenidas en la Constitución provincial constituyen directrices que deber regir las misiones y funciones ministeriales para llevar a cabo las acciones conducentes a través de los programas del Presupuesto del Estado.

La Constitución provincial de ambos estados prevé el destino de estas utilidades de recursos no renovables que se extraen debajo
de la tierra para reponer capacidad productiva sobre la superficie.