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No hay democracia sin libertad de expresión
En un sistema democrático representativo, es indispensable que la sociedad se reserve y haga uso del derecho a criticar y a reclamar. Si no es así, la tiranía queda a un paso de distancia.
La protesta forma parte de un derecho fundamental. Es una manera de operativizar y hacer efectivo el derecho de expresión, y por lo tanto es un componente esencial de la democracia.
Existe en ciertos sectores la idealización de una sociedad ordenada y sin conflictos. Pero ese ideal es imposible y antidemocrático. Porque en toda la sociedad los conflictos y disensos son inevitables. Son deseables, incluso, porque motorizan cambios.
Sin movilizaciones, sin protestas ni reclamos, no tendríamos derechos laborales, ni voto secreto y universal, ni matrimonio igualitario, ni las mujeres podrían decidir sobre sus cuerpos. Porque los derechos no son dádivas que otorga el Estado, sino conquistas colectivas.
No por nada se trata de un derecho garantizado por la propia Constitución Nacional en su artículo 14°, así cómo en los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado la República Argentina que poseen jerarquía constitucional. En ese sentido, el Protocolo “para el mantenimiento del orden público” emitido por el Ministerio de Seguridad desconoce este derecho al alentar explícitamente que no se lo ejercite, amenazando a quienes pretendan participar de movilizaciones populares. Avanzando incluso sobre facultades que son propias de otros poderes al autorizar la detención de personas sin orden judicial.
Con este protocolo, el Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Seguridad se excede en sus atribuciones, lo cual es un peligro para la convivencia democrática. Como ha señalado el Centro de Estudios Legales y Sociales, “la protesta social es un componente esencial de la democracia. Las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad tienen como principal deber proteger a los manifestantes y garantizar el ejercicio de este derecho”. Sea una manifestación por derechos laborales, por un festejo del campeonato del mundo o por oponerse a una cuarentena ordenada por el gobierno, como en las que participó la propia ministra Patricia Bullrich, firmante del Protocolo.
En un contexto donde se intentan limitar las expresiones populares, es importante comprender que la democracia se construye y se ejerce todos los días. Los sectores concentrados de poder tienen innumerables mecanismos para visibilizar sus puntos de vista: mediante solicitadas, reuniones con funcionarios o bien presionando con pautas en medios de comunicación. Sin embargo, los sectores empobrecidos y más vulnerables de la sociedad tienen prácticamente solo en las movilizaciones la posibilidad de expresar sus puntos de vista y necesidades. Es interesante problematizar cómo las miradas, los discursos dominantes y los encuadres periodísticos son distintos cuando se expresan sectores empobrecidos y se interpreta distinto cuando cortas calles o rutas los sectores privilegiados.
En un sistema democrático representativo, en el que una sociedad delega en un gobierno prácticamente todo lo concerniente a la administración del Estado –como el manejo del dinero y la decisión sobre el presupuesto, el uso legítimo de la fuerza (policía, ejército), etcétera-, es indispensable que esa sociedad se reserve y haga uso del derecho a criticar y a reclamar. Si no es así, la tiranía queda a un paso de distancia. Claro que las formas que se utilicen para criticar y reclamar pueden ser “molestas” para ciertos sectores de esa misma sociedad, quienes ponen de permanentemente en evidencia otros derechos sociales como el de circular libremente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esa crítica, ese reclamo –esa resistencia- es llevada a cabo porque antes de esa acción el gobierno no respetó un derecho anterior como lo es el derecho al trabajo o a salario digno.
Si hay un derecho primerísimo que garantiza la existencia misma de la democracia, es el de la libertad de expresión. Y la manifestación popular es una de sus principales y colectivas formas en que se la puede ejercer.
* Pablo Scatizza es docente e investigador de la UNComahue. Integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén
** Roberto Samar es Profesor de la UNRN. Integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén
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