Debemos priorizar la protección de las mujeres

La despenalización del aborto es una de las grandes discusiones que nos debíamos los argentinos. Un debate que la gran mayoría del mundo desarrollado saldó hace años –no sin fuertes controversias– y que nos brinda un espejo en el cual mirarnos.

El hecho de que hoy podamos dar ese debate en el ámbito del Congreso, respetando las diferentes opiniones sobre un tema que tiene múltiples dimensiones, habla de nuestra madurez como sociedad democrática. Comenzamos a asemejarnos a las naciones que pusieron el tema sobre la mesa y lograron resolverlo.

En lo personal estoy a favor de la despenalización, con el criterio que impera en la mayor parte de Europa, en América del Norte e incluso en nuestro vecino Uruguay. Países todos que priorizaron en sus políticas públicas la protección de la mujer.

Lo estoy porque como médico de hospital público sé que más allá de las interrupciones del embarazo que hoy se realizan de manera no punible a partir de un fallo de la Corte Suprema sigue habiendo abortos clandestinos. Muchas veces me tocó ver las consecuencias.

Un gran número de mujeres –la mayoría de condición social vulnerable– llega a los centros de salud con complicaciones derivadas de prácticas que se realizan sin el más mínimo conocimiento ni condiciones sanitarias. Muchas mueren a causa de ello.

Estas muertes serían evitables si –como sucede en esos países que admiramos– nos diésemos una política integral. Política que se nutre de una perspectiva sanitarista en la que la prioridad siempre es la prevención, pero cuando no se puede prevenir hay que remediar, y cuando esto tampoco es posible hay que apuntar a la reparación.

El abordaje integral comienza con la educación para una sexualidad responsable, sigue por el acceso garantizado a métodos anticonceptivos y recién termina en la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo estrictos protocolos de atención médica, psicológica y social de la mujer que llega a una situación de por sí angustiante.

Iniciativas propias

Más allá de mi adhesión al proyecto de la campaña, elaboré un par de iniciativas propias para poner en la mesa de discusión y, a partir del consenso transversal que está generando el tema, llegar entre todos a la mejor ley posible.

Uno de mis proyectos es la modificación del Código Penal, ampliando los criterios de no punibilidad del aborto ya existentes para incorporar la solicitud voluntaria hasta las 14 semanas de gestación (criterio ampliamente aceptado a nivel internacional), siempre que sea practicado por un médico.

El segundo proyecto establece requisitos mínimos para un protocolo de interrupción legal del embarazo.

Esto significa garantizar que la práctica sea realizada por profesionales y en establecimientos del sistema de salud, que haya un consentimiento informado de la mujer, que se brinde una consejería interdisciplinaria previa a la intervención con un período de 2 días de reflexión mínimo, que haya también consejería en anticoncepción posterior a la intervención y que se respete la voluntad de los profesionales que por motivos de conciencia no quieran participar de estas prácticas.

Estoy convencido de que la despenalización del aborto contribuiría a hacer realidad el lema “Ni una menos”. Porque, en definitiva, lo principal es priorizar la protección integral de las mujeres.