es la que protege las dos vidas

bordar la problemática del aborto requiere la consideración y valoración de aspectos bioéticos, científicos, jurídicos, sociales, educativos, éticos, que inevitablemente se cruzan entre sí, y también la comprensión de una realidad compleja que viven muchas mujeres que enfrentan embarazos no deseados en la Argentina; pero al hacerlo y plantearnos soluciones debemos priorizar lo más importante y trascendente que es el valor intrínseco de la vida humana y el derecho a la vida, de lo contrario las miradas parciales o sesgadas nos llevan a conclusiones equivocadas. En primer lugar, la pregunta que debemos respondernos es cuándo se inicia la vida humana. La respuesta objetiva y probada que dio la ciencia hace mucho tiempo es que existe vida humana desde la concepción, y quienes la objetan lo hacen con argumentos ideológicos, filosóficos pero no científicos.

La Academia Nacional de Medicina e innumerable cantidad de organizaciones científicas nacionales e internacionales ratifican que desde la concepción ese embrión unicelular llamado cigoto ya es un nuevo ser humano con características únicas e irrepetibles, con una carga genética única e individual distinta a las de sus progenitores, que inició un proceso de desarrollo y vida propia que durará por décadas hasta el día de su muerte. Por lo tanto, el aborto implica de manera directa atentar contra la vida de un ser humano.

En segundo lugar, nuestro ordenamiento jurídico le dio de manera explícita rango constitucional a la tutela, resguardo y defensa de la vida humana desde la concepción, a través del texto constitucional y de tratados internacionales a los cuales hemos adherido a partir de 1994 y tienen todos rango constitucional, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Legalizar el aborto en la Argentina implica entonces modificar nuestra Constitución y desarmar el entramado de adhesiones a los tratados internacionales, e intentar hacerlo mediante la sanción de una ley nacional es un proceso equivocado. En todo caso debió plantearse modificar la Constitución nacional convocando a una Asamblea Constituyente.

En tercer lugar, legalizar el aborto como solución a un problema profundo, de difícil tratamiento y solución como es un embarazo no deseado implica vulnerar el derecho humano más importante que es el derecho a la vida, sin el cual el resto de los derechos no tienen sentido. Hay dos vidas involucradas, la de la mujer y del niño por nacer, y el Estado debe protegerlos, pero nunca la solución será atentar contra la vida de uno de los dos. Se plantea legalizar el aborto desde premisas falsas y otras equivocadas. Por ejemplo: sectores abortistas se declaran también a favor de la vida, pero le niegan el derecho a vivir al niño por nacer cayendo en una gran contradicción; sostienen que mueren miles de mujeres por año por abortos en el país cuando las cifras oficiales del Ministerio de Salud establecen que en el 2009 fallecieron 87 mujeres, en el 2015 55, en el 2016 43 y en el 2017, 31, es decir, no sólo es falso que mueren miles de mujeres, sino que en los últimos nueve años las muertes por abortos se redujeron un 65%. También plantean al aborto como solución al problema puntual del embarazo no deseado, pero del texto del proyecto surge claramente la intencionalidad de liberar totalmente esa práctica, incluso a adolescentes de 13 a 16 años que podrían abortar sin el consentimiento de sus padres.

Otra muestra de este interés es la desestimación y rechazo deliberado de la objeción de conciencia que obligaría a los médicos a practicar el aborto no sólo en contra de sus convicciones personalísimas amparadas por la Constitución nacional sino además en contra de su juramento hipocrático que establece el respeto y resguardo de la vida humana.

No podemos dejar de reconocer el estado de vulnerabilidad que muchas mujeres sufren frente a un embarazo no deseado, que incluye a un número muy importante también de embarazos adolescentes, donde la soledad, el desamparo, el temor y la situación socioeconómica, entre otras, agravan la situación.

La solución no es el aborto, es la acción decidida del Estado desarrollando políticas activas de educación, prevención, anticoncepción; generando junto a organizaciones de la sociedad civil grupos de contención interdisciplinarios de apoyo a las mujeres que se han planteado la posibilidad de abortar para contenerlas y acompañarlas; y también un mecanismo de adopción más ágil, especialmente para el recién nacido. La solución que nos engrandece como sociedad es la que protege y resguarda la vida de ambos, de la mujer y del niño por nacer, y tenemos que hacer el esfuerzo para concretarla.