l federalismo supone unión en la diversidad. Reconocer las diferencias regionales en un país tan extenso como la Argentina es una precondición de la igualdad de trato que debe primar entre todos los habitantes. Cuando la formulación de las políticas públicas tiene como punto de partida la invisibilización del amplio abanico de situaciones en las que se encuentran los ciudadanos como resultado de diferencias geográficas o climáticas, nos encaminamos irremediablemente a escenarios de inequidad y desamparo de los sectores menos aventajados de la sociedad.

Los defensores patagónicos tenemos la misión de defender los derechos de las personas que habitan una región escasamente poblada, con una densidad poblacional global de 10,2 hab/km² según el Indec. Puntualmente, Río Negro posee 3,1 hab/km² (es la quinta menos poblada del país), Neuquén 5,9 hab/km² y Chubut 2,3 hab/km².

La topografía del territorio, las condiciones ambientales y climatológicas y las posibilidades que ofrece para el desarrollo de las actividades económicas y productivas determinan una distribución territorial desequilibrada, tanto en el emplazamiento de la población como en su crecimiento económico.

Esas particularidades repercuten directamente en la vida de sus habitantes. Por caso, en Río Negro el 87,2% de la superficie es rural y sólo el 12,8 % es urbano. Con una población total de 633.374 personas, sólo cuatro localidades poseen más de 40.000 habitantes.

Estamos a las puertas de la temporada invernal en un escenario de fuertes aumentos en los servicios de energía eléctrica y gas. Quiero, por ello, detenerme en la Región Sur de Río Negro –la llamada Línea Sur–, que abarca el corazón de la provincia: ocupa el 56% del territorio provincial. Sin embargo, vive allí únicamente el 3,5% de la población. Todos los departamentos que la integran poseen una densidad poblacional inferior a 1 hab/km². Como ejemplo, el partido de Bahía Blanca (el sur para Buenos Aires) alberga 131,1 hab/km². Institucionalmente, se nutre de nueve municipios y 28 comisiones de fomento. Únicamente Valcheta, Los Menucos e Ingeniero Jacobacci poseen 4.000, 5.000 y 6.000 habitantes, respectivamente.

Todas las localidades se extienden sobre un sistema lineal de más de 480 km, con distancias entre sí que promedian los 50 km con grandes dificultades de conectividad. El promedio pluvial anual es inferior a los 250 mm al año.

La provisión de gas natural llega hasta Ingeniero Jacobacci desde el Gasoducto Cordillerano y sólo hasta Valcheta desde la costa. El resto de las localidades utilizan gas licuado de petróleo, transportado en camiones, lo que implica un alto costo operativo y la inseguridad respecto de la provisión durante el invierno.

La zona está sometida a rigurosos inviernos con temperaturas mínimas que alcanzan los -25°C e inviernos que se extienden de marzo a diciembre.

La hostilidad del clima y el territorio es una marca de la Región Sur. Sin embargo, para la Provincia de Río Negro esa enorme estepa constituye una gran oportunidad de desarrollo que requiere intensas medidas de fomento. Las autoridades locales persiguen la implementación de políticas que permitan implantar en la zona un modelo agroproductivo sustentable.

Son ejemplos de esas políticas: a) La sistematización de riego de 150.000 hectáreas en Negro Muerto y de 3.100 en Campo Grande, para posicionar a Río Negro como proveedor de carne porcina y vacuna de la Patagonia, zona libre de aftosa. b) El plan Garrafón Social –implementado entre la Provincia e YPF Gas–, que a la fecha ha beneficiado a más de 1.780 familias de los parajes de la Región Sur. El objetivo es reducir a la mínima expresión el uso de leña, kerosene y gas oil. c) La construcción del Gasoducto para la Región Sur para abastecer a todas las localidades de la región y dejar de depender de las plantas de gas licuado.

Las particulares características de la región y los objetivos de desarrollo muestran la necesidad de contar con un tratamiento especial en lo referente a tarifas de servicios públicos. El Estado debe desplegar una especial prudencia y rigor técnico a la hora de fijarlas, a fin de asegurar su previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Sus rasgos distintivos hacen que sus ciudadanos vean en la provisión adecuada de gas no sólo un moderador indispensable de las temperaturas extremas, sino un elemento imprescindible para la propia subsistencia.

Por todo lo dicho, nuestra región requiere de un tratamiento especial en materia tarifaria de servicios básicos, que aseguren el acceso universal e igualitario. Cabe entonces afirmar que:

• Para los ciudadanos patagónicos, los servicios públicos constituyen derechos humanos básicos amparados –entre otros cuerpos normativos– por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales.

• La región patagónica debe contar con una tarifa diferencial que permita una reducción sustancial y considerable, tanto para el usuario residencial como para pymes, industrias, clubes y asociaciones intermedias.

• Debe contemplarse una reducción sustancial y significativa del precio del gas licuado de petróleo (GLP), por su condición de bien esencial para los pobladores de la zona.

•Deben flexibilizarse los requisitos para acceder a la tarifa social, ampliando el monto de ingresos y modificando las condiciones que actualmente se requieren para acceder a la misma e incluso en determinadas situaciones la posibilidad de acceso automático a la referida tarifa.

• Deben atenderse los criterios de progresividad y razonabilidad de los incrementos evitando que los usuarios caigan en una situación de imposibilidad de pago de los servicios.

Si las ideas de federalismo e igualdad tienen algún significado tangible, la implantación de esas compensaciones para los hermanos de la Línea Sur resulta insoslayable. Sin ello, las políticas del Estado argentino no harán otra cosa que castigar a quienes, en realidad, deberíamos auxiliar.

No olvidemos: lo que nos define como sociedad y como individuos es cómo tratamos a los más débiles.

Las particulares características de la región y los objetivos de desarrollo muestran la necesidad de contar con un tratamiento especial a los usuarios y sus derechos, evitando arbitrariedades.