Tensión gremial y un gabinete que simula
El gremio docente Unter definirá en Cinco Saltos si acepta o rechaza la oferta salaria. (Foto archivo)
El gobierno rionegrino corre contra el reloj y contra el calendario electoral para desactivar los conflictos que amenazan el inicio del ciclo lectivo.
Con el inicio informal de la campaña para las elecciones de abril, las piedras que asomaban lejos empezaron a tomar dimensión dentro del camino del gobierno rionegrino.
Los gremios estatales mostraron sus reflejos este fin de semana, confirmando que el adelanto de los comicios pudo haber sido una estrategia efectiva ante el resto de los partidos políticos de la provincia, pero también un plus de desgaste para una gestión que trajina cada vez más para cumplir con sus obligaciones salariales.
Apenas ocho días hábiles tendrán los ministerios de Educación y de Economía para desactivar el paro al que se encamina la Unter para el inicio del ciclo lectivo.
El plazo es igual para la cartera de Gobierno, que representa al Ejecutivo en el Consejo de la Función Pública y afronta desde el viernes los rechazos de ATE y de UPCN ante la última oferta de aumento. Esos dos sindicatos se reparten la representación del personal auxiliar de los docentes en las escuelas y cualquier medida de fuerza que emprendan también paralizaría al sistema educativo.
Lo que complica esta negociación es otra derivación del proceso electoral: el ministro Rodrigo Buteler debe dejar sus funciones el próximo 20, para formalizar su candidatura a intendente de Cipolletti.
El titular de la cartera política viene con la autoestima alta y cree que antes de esa fecha estará acordada la pauta salarial para llegar sin sobresaltos al final del año.
Pero si no llega a ocurrir eso, tampoco hay que pensar en una crisis interna para el gobierno por la abrupta salida de escena del ministro que articula desde hace años con los gremios.
Ocurre que, de la misma forma que en Roca, donde se postula el titular de Producción, Carlos Banacloy, la decisión gubernamental se orienta a no designar nuevos ministros, sino que se asignará la firma del despacho a otro integrante del gabinete, para que los titulares de cada cartera regresen a sus puestos una vez que concluya el proceso electoral.
Es decir que Buteler podría seguir al frente de las negociaciones de manera informal, porque al fin y al cabo, será quien volverá a dialogar con los secretarios generales de ATE y UPCN una vez que los cipoleños hayan definido si reemplazará o no en diciembre a Claudio Di Tella.
Las renuncias de ministros candidatos y la Constitución
Esa decisión de no reemplazar a los ministros candidatos -confirmada por tres colaboradores cercanos de la gobernadora, Arabela Carreras- merece una mirada atenta.
La Constitución de Río Negro prevé en el Artículo 187 que “en caso de licencia o de impedimento de alguno de los ministros, el gobernador encarga a otro el despacho correspondiente a su cartera por un período no mayor de sesenta días y hasta que aquel se reintegre a sus funciones o se designe un nuevo titular”.
Y un párrafo después, el Artículo 188 fija como “prohibición” que los ministros acepten candidaturas a cargos municipales, provinciales y nacionales.
No hay demasiado margen para la interpretación. La licencia está claramente definida. La integración de una lista de candidatos es otra cosa y requiere renuncia. Y una renuncia obliga a un reemplazo. Pero aquí, por lo visto, habrá una aplicación sui generis, combinando dos artículos de la carta magna sin temor a observaciones.
Esa misma soltura empezó a verse en Roca, la ciudad que abrirá el calendario electoral de la provincia, el 12 de marzo.
Esta semana, la primera visita de la gobernadora desde que se anunciaron candidaturas puso a la vista la decisión de poner al Estado al servicio del ministro Banacloy, que protagonizó las inauguraciones de un refugio para personas en situación de calle y entregó viviendas, cuando su presente en la función pública nada tiene que ver con Desarrollo Humano o el IPPV.
Claro que esas prácticas que no son exclusivas del gobierno provincial y de su partido, pero la generalización no ofrece luz verde a las distorsiones. Y menos cuando la campaña se hace desigual por influencia de recursos públicos.
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