Ordenan a Educación que designe un maestro para El Manso

VIEDMA (AV).- La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo que se designe a un maestro integrador en escuelas rurales frente a la “ambigüedad temporal” para su nombramiento por parte de Educación. El Superior Tribunal de Justicia aceptó un pedido de vecinos de El Manso para la incorporación de un docente integrador, como también, exige que Salud evalúe “el estado de salud física y psíquica” de los hijos menores, destinados a “obtener el certificado de discapacidad”. Por unanimidad, el STJ ordenó a Educación que “adopte la decisión” para designar en un plazo de 30 días a un maestro integrador para garantizar “el derecho de manera igualitaria de los niños que concurren a los establecimientos de educación rural de Río Villegas, El Manso Medio y El Manso inferior”. En su fundamentación, el juez Luis Lutz -que después acompañaron con sus votos Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas- aceptó que el gobierno trabaja en esa cobertura, pero que existe “ambigüedad temporal” para su definición. Hay que imponer “un plazo definitorio” para que la cartera educativa cubra ese nombramiento, “asegurando el derecho de manera igualitaria de los niños que concurren a los establecimientos de educación rural”. Agrega que el Estado debe “minimizar o mitigar los obstáculos existentes entre el derecho del cual son titulares y el real acceso a su ejercicio”. El trámite fue derivado al Superior Tribunal de Justicia después que el juez barilochense Marcelo Cuellar se declaró incompetente. Antes, el grupo de ciudadanos de El Manso interpuso un amparo ante el juez de Paz del lugar para que ordene al Consejo de Educación Provincial que designe a un maestro integrador para las escuelas Nº 166 de Río Villegas, 213 de El Manso Medio y 92 de El Manso inferior para trabajar con los hijos de los amparistas, quienes “poseerían un grado de dificultad en el aprendizaje”. El juez receptor eleva la presentación a la Cámara Civil de Bariloche, que deriva el tratamiento a Cuellar que luego declara su incompetencia. El antecedente incluye una respuesta de la dirección de Escuelas Rurales que consigna que ese nombramiento “no es viable toda vez que no se enmarca” en la resolución 1.331/90. Alude que se requiere el dictamen de discapacidad, según las leyes Nº D 2.055 y F 2.444. Precisa que en el caso se trataría de alumnos con “problemas de salud sin diagnóstico preciso y sin dictamen de discapacidad”, lo cual dificulta la tramitación y designación del maestro integrador. Agrega que existe un equipo técnico rural en el Bolsón que realiza el acompañamiento y orientación escolar al equipo directivo, docentes, padres y alumnos con una mirada inclusiva”. En su voto, Lutz ratificó que “la tutela judicial efectiva implica la protección especial de los grupos mas vulnerables, sus derechos y garantías”.

La Justicia entendió que la provincia debe garantizar el derecho de manera igualitaria en escuelas rurales.