Ordenan profundizar la investigación a Rocafé

Quedó firme el sobreseimiento a Sartor y Peña, pero la Cámara ordenó indagar otros hechos.

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ROCA (AR).- Desde ayer es definitivo el sobreseimiento de los funcionarios radicales Daniel Sartor y Juan Carlos Peña en la “causa Rocafé”, aunque no es el fin de la investigación, puesto que la Cámara Criminal 1 de Roca ordenó a la jueza Margarita Carrasco que siga investigando los vínculos de la empresa con el Estado rionegrino y presuntos ilícitos como lavado de dinero, uso de testaferros y favorecimientos a la firma roquense. En la sentencia dos de los tres jueces hicieron severos cuestionamientos a la actuación de la fiscalía, que por una desinteligencia administrativa dejó vencer los plazos para oponerse al sobreseimiento que había desvinculado a los dos funcionarios en diciembre. Sartor y Peña (el primero titular de Acción Social y el segundo encargado de los planes alimentarios al momento de los hechos que se investigan) habían sido imputados por presuntos desvíos de módulos de comida con fines clientelistas entre 1998 y 2000 y por la presunta malversación de un aporte hecho por Nación para la compra de comida para niños desnutridos de la provincia. Ambos, con la defensa del abogado Jorge Crespo, fueron sobreseídos por la jueza Carrasco por falta de pruebas y por la “aprobación” que diez años después hizo Nación de la rendición cuestionada. Ninguno podrá seguir siendo investigado en el marco de la causa penal que se inició en 2001 tras publicarse una investigación de “Río Negro”. Sin embargo, los jueces Carlos Gauna Kroeger, Mario Bufi y María Evelina García revocaron la orden de archivo total del expediente y ordenaron avanzar en la investigación de tres aspectos: El presunto lavado de dinero (“se habrían detectado en la actividad comercial de Rocafé S.A., cuyos “verdaderos dueños” utilizarían a la firma para otorgar apariencia lícita a dinero o productos de procedencia supuestamente ilícita y/o realizarían maniobras financiero-contables tendientes a evadir cargas tributarias”, dice la imputación); el supuesto “trato preferencial” para la adjudicación y pago de licitaciones en su rol de proveedora de alimentos (según el expediente “este privilegio, de verificarse, importaría vulneración al deber de actuar con imparcialidad que pesa sobre quienes está a cargo de una función pública”) y “la utilización de un testaferro de avanzada edad, radicado en otra ciudad”, que “hace pensar que sus firmas podrían haber sido falsificadas en diversos actos, documentos y papeles de comercio”. “Si comparamos las conclusiones periciales con ciertas particularidades de esta causa (relación estrecha de directivos de la empresa con miembros del espectro político provincial, existencia de testaferros, adjudicación de la provisión de elementos a un precio y pago a uno mayor, serias dudas sobre los accionistas, reales propietarios de la firma o personas que están detrás de los testaferros, etc.) no podemos menos que discrepar con la orden de archivo”, votó el juez Gauna Kroeger. Por su lado, los jueces Bufi y García subrayaron la crítica al accionar de las fiscales Ana Benito y Elsa Alasino, quienes estuvieron más de un mes sin definir quién debía apelar el sobreseimiento y cuando finalmente lo hicieron el plazo ya estaba vencido. “Causa preocupación la conflictividad del Ministerio Público Fiscal reflejada en este expediente, por caso en la incertidumbre respecto de la Fiscalía que debía intervenir y en la contradictoriedad de las directivas jerárquicas. Observando que por cuestiones de competencia se diluye la posibilidad de investigar (...) la cuestión de fondo. O sea: lo administrativo prevaleciendo sobre lo jurídico y dominándolo”, sentenció García.

El legislador y ex ministro Sartor quedó desvinculado de la causa. Serias críticas del tribunal a la fiscalía por apelar fuera de término.


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