Organizaciones de derechos humanos impugnan un ascenso judicial

NEUQUEN (AN).- Los organismos de derechos humanos de la región impugnaron ayer, en la Legislatura, la designación del fiscal adjunto, Luis María Fernández, al cargo de camarista por su paso como asesor jurídico del Ejército en los años de la última dictadura militar. La objeción la plantearon ante diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales que entrevistaron a Fernández, junto con el defensor de Cámara, Héctor Oscar Dedominichi, y el juez correccional Mario Rodríguez Gómez, que fueron propuestos para cubrir las vacantes en la Cámara Criminal Primera y Segunda respectivamente de esta capital.

Fernández reconoció que trabajó desde 1977 como auxiliar del cuerpo jurídico del Ejército y, luego, como jefe de la sección de auditoría en el comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, de esta ciudad. Y admitió que se retiró en 1992. Además, reveló que fue profesor del Colegio Militar. «Siempre me atuve a las prescripciones legales y nunca estuve involucrado en ningún hecho», aseguró. Por eso, exhortó a los que «creen lo contrario» para «que presenten las pruebas» en su contra. Hoy, dijo que se desempeña como docente de la Escuela de Policía neuquina y como fiscal adjunto de delitos violentos contra la propiedad.

Sin embargo, cuando el legislador del PJ Ariel Kogan le preguntó si después de 1983 tuvo que asesorar a integrantes del Ejército vinculados a los procesos por delitos contra los derechos humanos durante la dictadura, Fernández se amparó en el secreto profesional.

Antes de que los candidatos a camaristas se reunieran con los diputados, representantes de la APDH, de HIJOS, Zainuco y de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, se presentaron en la sala de comisiones para cuestionar el nombramiento de Fernández, en la Cámara Criminal Primera de la circunscripción con asiento en esta ciudad.

«Si creen que nada tiene que explicar (por Fernández) lo consideramos pérdida de la memoria», le advirtió Oscar Ragni a los legisladores. El encuentro duró unos pocos minutos y los militantes se retiraron antes de que ingresaran los candidatos para entrevistarse con los diputados que son quienes decidirán, finalmente, en el recinto si avalan o no sus nombramientos.

Durante la reunión con los diputados, que se prolongó durante 3 horas, Dedominichi se mostró a favor de avanzar en la provincia hacia un sistema de procedimiento acusatorio, que garantice el fiel cumplimiento del derecho de defensa. En consecuencia, apoyó la idea de separar las funciones entre el juez, el fiscal y el defensor. También Rodríguez Gómez avaló la propuesta y recordó que el proyecto de reforma del código de procedimiento penal de la provincia, que está en la Legislatura desde 2000, «es respetuoso de la Constitución y de los pactos internacionales». Apuntó que

hoy el juez investiga y compromete su imparcialidad. Y defendió la ley 2302 de protección integral de los derechos del niño y del adolescente, que el Poder Ejecutivo busca reformar.

El proyecto que presentó días atrás el ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, encendió una polémica con los funcionarios judiciales que hoy tiene en sus manos el control y la aplicación de esa norma. Ayer, la defensora del niño y del adolescente se reunió con diputados de la oposición y el oficialismo la cuestionó con dureza porque entiende que «hace política» a partir del proyecto reformista.

A todo esto, Fernánde aseguró que no conocía sobre los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Ejército Argentino, en sintonía con la política de terrorismo de Estado. Pero admitió que después del '83 «sí tomé conocimiento» de las violaciones a los derechos humanos.

«¿Y cuál es la razón por la que se mantuvo?», inquirió Escobar. «El Ejército Argentino es una institución que se encuentra establecida dentro de nuestra Constitución -respondió-. No es una asociación ilícita».

Fernández recalcó que «jamás participé en ninguna función política, sino que siempre asesoramiento en materia jurídico-militar, en materia penal-militar, disciplinaria-militar, y administrativa-militar, como así también en materia de contratos en toda materia civil. En toda materia jurídica».

Comentó que sobre esos años, tiene «un recuerdo sumamente triste».

Nota asociada: Opiniones divididas en torno de la 2.302  

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