Otero llevó documentos para la causa de los PER

El ex director de Trabajo, uno de los procesados en la investigación, se presentó en tribunales con una computadora y grabaciones. El juez lo recibirá el miércoles 26.

VIEDMA (AV).- Abundante documentación que incluiría grabaciones de audio y video fue presentada ayer en Tribunales por uno de los imputados en la causa de los Planes de Empleo Rionegrinos (PER).

El ex director de Trabajo, Gustavo Otero, había pedido una ampliación de indagatoria para aportar elementos nuevos a la causa que podrían generar otros hechos y la posibilidad de avanzar hacia presuntos autores de delitos.

Ante la cantidad de material con el que llegó Otero, el juez Juan Bernardi dispuso -con acuerdo de las partes- una nueva audiencia para el miércoles, cuando recibirá toda la documental.

La pesada carga que portaba Otero en la mañana de ayer incluía una notebook, con la cual tenía -aparentemente- la intención de exhibir los videos al juez. Esto será posible recién en la próxima audiencia que sería grabada, según trascendió. Otero estuvo acompañado por su abogado defensor, Manuel Maza.

Ambas presencias no pasaron desapercibidas en Tribunales. Los trascendidos giraron en torno a las filmaciones que aportará Otero que incluirían cámaras ocultas. Con varios kilos menos, el ex funcionario no ocultó ansiedad para entregar la documental que se habría dedicado a reunir desde el año pasado.

Esta causa se inició hace seis años a partir de una denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, ante la detección de un manejo irregular y un faltante de unos dos millones de pesos en el reparto de los PER, entre el 2001 y el 2003.

El PER fue un esquema para desocupados que comenzó en abril del 2001 en la gestión de Alejandro Betelú (hoy presidente de Transcomahue) en Trabajo, aunque esa cartera quedó vacante en setiembre hasta que en abril del 2002 asumió Ana Piccinini, hoy Defensora del Pueblo.

Esta investigación estuvo a cargo todos estos años de Pedro Funes, quien se encuentra de licencia y es subrogado por Bernardi. Los procesados por «estafa en perjuicio de la Administración Pública son Otero, Ángel Alberto Poggi y María Mirán.


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