Otorgadas con celeridad

El insólito trámite entre Zonco, Jouliá y Eugenio Tarruella (hijo) se concretó entre el 16 y el 23 de diciembre de 1996. A pesar de que el entonces fiscal de Estado adjunto, Eduardo Martirena, había recomendado que se expidiera el Deliberante de San Antonio, el expediente no llegó a ese cuerpo hasta cuatro años más tarde.

Pero para entonces el gobernador Pablo Verani ya había firmado el decreto ratificatorio -fue el 10 de enero del 97- y al poco tiempo Eugenio Tarruella (hijo) y sus patrocinantes del estudio Bollero – Arias de Viedma tuvieron las escrituras a su nombre por esas 60 hectáreas.

Sobre ese trámite el actual legislador y ex secretario de Hacienda de Carassale, Alfredo Lassalle expresó en mayo de 2000 que «la celeridad con que se resolvió es poco habitual en la administración pública provincial». También manifestó que el conflicto por las tierras entre los Tarruella y el Municipio «estaba terminado ya que en 1982 la sucesión presentó en la Justicia una diligencia preliminar tras lo cual la comuna ofreció todas las evidencias de que no existían más derechos de los herederos sobre esas tierras». Dijo, además, que «hay muchas cuestiones sospechosas en el expediente» y pidió que fuera investigado, lo que ningún fiscal realizó desde entonces hasta la fecha.

El 24 de noviembre de 2000, el Deliberante presidido por Miguel Galindo Roldán -quien fue asesor legal en la época de Carassale y conoce en profundidad el «caso Tarruella»- declaró nulo aquel acuerdo con Eugenio Tarruella y ese trámite quedó detenido hasta que se resuelva el dominio de esa tierra en el ámbito judicial. En ese sector, todavía no se han llevado a cabo construcciones y hay proyectos en espera.