Otra indefinición por la banca de Miralles 28-5-03

Un sector de los concejales quería que opte entre renunciar o reincorporarse al cuerpo, pero el MPN no apoyó la iniciativa.



Miralles obtuvo la licencia sin goce de haberes en junio del 2002.
NEUQUEN (AN).- La indecisión del Movimiento Popular Neuquino (MPN) dilata la definición de la banca de la concejal Norma Miralles, e impide avanzar al resto de los partidos políticos que pretenden dar cumplimiento al fallo judicial que ordena garantizar la representatividad del peronismo.

Para cerrar este capítulo que lleva un año, a propuesta de la UCR, el Frente Grande, el ARI y el Socialismo suscribieron ayer un despacho suspendiendo la licencia extraordinaria otorgada a Miralles, obligándola de hecho a optar entre su reincorporación o a renunciar a la banca.

Si Miralles decidiera no regresar, en su lugar asumiría Nélida Torres, la concejal electa que le sigue en orden y "asunto arreglado", dicen.

Este despacho habría sido aprobado en la sesión de mañana de haber obtenido la quinta firma del MPN, pero los representantes de la fuerza provincial no quieren ni hablar de volver a compartir el recinto con Miralles, una actitud en el fondo dilatoria del conflicto. A puertas adentro de la comisión, se quejaron por lo que suponen una intromisión de la justicia en asuntos internos de la institución, se indicó.

Sin embargo, más allá de las renuencias políticas y gracias a las reglas que rigen en la administración legislativa, el despacho desembarcará de todos modos al recinto el 12 de junio dando el triunfo a las minorías.

Suspender la licencia es una salida que no satisface al Partido Justicialista, que pretende que Torres asuma sin costos políticos para Miralles.

Los apoderados se ajustan a la letra chica de la resolución que dispone la licencia sin plazo fijo a favor de la dirigente: "hasta que resuelva la situación procesal" y de hecho su situación procesal aún no ha sido resuelta.

Miralles obtuvo la licencia sin goce de haberes en junio de 2002 al estallar el proceso judicial por supuestas irregularidades en el manejo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) cuando se desempeñaba como diputada nacional.

Luego profirió fortísimos epítetos contra los concejales, lo que terminó de cortar las precarias relaciones con sus pares.

Jugando a fondo, el apoderado del PJ, Carlos González -el mismo que presentó a la justicia el recurso de amparo para obligar al cuerpo a cubrir la tercera banca del partido- presionó al presidente del Concejo Deliberante, el radical Néstor Burgos, recordándole que es "el responsable" de mantener al cuerpo debidamente integrado, por aplicación del reglamento interno del Deliberante.

Por si fuese poco, presentó un proyecto a nombre del bloque del PJ que convoca a Torres, la concejal electa, obligando al cuerpo a evaluarlo mañana.

"Así como las disposiciones que adopta este cuerpo (por el Concejo) son para cumplimiento interno o de la comunidad, las resoluciones que adopta la justicia son de cumplimiento inexcusable, salvo que se pretenda desobeceder la orden judicial", recuerda a todos la iniciativa.

Fue una devolución de gentilezas a Burgos que intentó tirar la pelota al bloque peronista y al partido justicialista.

Principio constitucional

El titular del Consejo Local del PJ, Aldo Duzdevich, recordó el principio constitucional que expresa que las bancas son de los ciudadanos, no de los partidos. Señaló de paso que la orden del juzgado de garantizar la representación partidaria fue impartida a los ediles con exclusividad, e indicó que la posición formal del partido ha sido la encaminada por sus apoderados.


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