Otra renuncia por el caso “Libertad”

BUENOS AIRES (DyN/AFP).- La directora de inteligencia militar de Argentina, Lourdes Puente Olivera, renunció ayer informó una fuente del gobierno, convirtiéndose así en el cuarto funcionario caído en desgracia por el caso de la fragata retenida en Ghana tras la demanda de una deuda impaga. “Presentó su renuncia Puente Olivera como directora nacional de inteligencia estratégica militar del Ministerio de Defensa. Creyó pertinente hacerlo”, agregó la fuente sin dar más detalles. La Diniem, depende del Ministerio de Defensa, y como responsabilidad primaria es producir inteligencia estratégica para el área castrense en forma permanente, relacionada con las amenazas del marco externo. Puente Olivera, quien estaba al frente del organismo de inteligencia militar desde marzo del año pasado cuando fue designada a través del decreto 870, renunció el martes pasado en medio del conflicto por el buque escuela de la Armada. La funcionaria fue señalada por un diario ligado a un sector de la Casa Rosada en una nota sobre una supuesta conspiración de un sector de la Armada para dejar mal parado al gobierno con la aprehensión de la fragata “Libertad” en Ghana. La Diniem tiene como acción planificar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de la inteligencia estratégica para la defensa. En el gobierno se desató desde hace varios días una controversia a nivel ministerial sobre quiénes son los responsables de no haber previsto una acción judicial sobre la fragata “Libertad”, emblemático buque escuela de la Armada, retenido por un juez de Ghana desde el 2 de octubre en el puerto de Tema, cercano a Accra. Desde entonces, renunció el jefe de la marina de guerra, almirante Carlos Alberto Paz, y también fueron puestos en disponibilidad (apartados del arma) el director general de organización de la marina Alfredo Mario Blanco y el secretario general de la fuerza, el almirante Luis González. La causa fue iniciada por el fondo especulativo NML, con sede en Islas Caimán, que rechazó participar entre 2005 y 2010 del canje (swap) y refinanciación de los bonos declarados en ‘default’ por casi 100.000 millones de dólares en 2001. Dichos canjes tuvieron una aceptación que permitió normalizar el 93% de aquella moratoria pero un remanente de grupos que Argentina calificó de “buitres usurarios” intenta cobrar el 100% del capital más intereses mediante acciones en los tribunales.