Otra vez la polémica por el subsidio a escuela privada



SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La solución a la controversia provocada por el subsidio que el CPE le paga mensualmente a una escuela arancelada de esta ciudad quedó en manos de la Justicia.

La Asociación Civil Todos por la Educación Pública (ACTEP) presentó la semana última un “prohibimus” ante el STJ denunciando por “inconstitucional” el otorgamiento de ese aporte económico.

La entidad conformada por padres, madres y docentes barilochenses recordó que la ley fundamental de la provincia, en su artículo 63 inciso 6, habilita “la cooperación económica del Estado sólo en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que cumplan una función social no discriminatoria y demás requisitos que se fijen”.

El mismo condicionamiento quedó ratificado luego por la Ley Orgánica de Educación (la 2.444), cuyo texto impone además que las escuelas beneficiadas no deberán perseguir fines de lucro.

Aún así, el gobierno dispuso conceder una subvención por el 100 por ciento de los salarios docentes al colegio San Esteban, de esta ciudad, que cobra a sus alumnos una cuota mensual promedio de 140 pesos. El sostenimiento estatal de esa escuela -que nació como privada común y sin subsidios para reconvertirse luego en “pública de gestión privada”- también fue severamente cuestionado por la Unter y por el legislador Carlos Peralta.

Según los datos relevados por Peralta, el colegio San Esteban resultó seriamente afectado -como tantos otros- por la crisis de 2001 y 2002. Fue entonces cuando sus dueños decidieron reconvertirla en una escuela confesional (adscripta al credo evangelista luterano) y le dieron forma legal de “fundación”.

Así pudo cumplir los requisitos para ser reconocido como establecimiento “público de gestión privada”, condición indispensable para acceder a la asistencia económica de la provincia.

Horas antes de dejar su cargo, la ex ministra de Educación Ana Mázzaro firmó la resolución que encuadraba al San Esteban bajo la nueva figura. Pero la gestión siguente -bajo el mandato de José Luis Ruiz Rodríguez- anuló lo actuado. De inmediato los representantes del colegio pidieron una reconsideración y el gobernador Miguel Saiz, ratificó el beneficio original.


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