Otro capítulo por los cambios en el Idevi
Dirigente de UPCN recibió una carta documento por su presentación en la Función Pública.
Conflicto laboral
El dirigente de la seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Rubén Crespo fue intimado mediante carta documento para que ratifique o rectifique los términos de la denuncia enviada a Función Pública sobre los cambios en el organigrama del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi).
Fue enviada por el asesor legal, Jorge Malis, manifestando que sus funciones son tales, y en virtud de eso el secretario gremial aclaró que el abogado (que además firmó la disposición interna N° 1, que pretende cambiar el organigrama de manera inconsulta) “no puede estar en desconocimiento de la Ley 3.052, que es la que regula este tipo de acciones institucionales en el ámbito de la Administración Pública”.
Por otro lado, el secretario gremial aclaró que “esto que ha pasado en el Idevi constituye un hecho institucional grave, que se convierte en un delito, ya que viola una Ley de la Función Pública que establece que los cambios en el organigrama deben hacerse de una determinada manera, precisada puntualmente en la herramienta legal.”
En el marco de estos planteos, Crespo solicitó una audiencia con la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, en espera de la contestación a la nota presentada el lunes pasado en la que se denuncian “los arbitrarios cambios impuestos en el organigrama”. La respuesta de la Función Pública será puesta a consideración de los trabajadores en una asamblea gremial en el Idevi.
Desde hace varios días se vienen suscitando diferencias, luego de que el gremio denunció a la conducción del Idevi por una serie de supuestas anomalías con cambios de funciones entre el personal. Desde el organismo se rechazaron las acusaciones.
La UPCN denunció este atropello y pidió la nulidad del nuevo organigrama considerado “inconsulto”, ya que fue realizado sin la participación de Función Pública ni la participación gremial de la UPCN, tal como lo establece la Ley 3.052.
A criterio del gremio, “este abuso creó entre los trabajadores mucho malestar, persecución y miedo; incluso, algunos agentes presentaron síntomas de enfermedad ante la presión ejercida por las personas al mando del Instituto”.
DeViedma
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