Otro modelo es posible

Después del discurso de la presidenta llamando a una concertación para el bicentenario y del retorno de los chacareros protagonistas de las jornadas de lucha a sus labores habituales, se abre un período de reflexión que no debería quedar limitado al origen del conflicto.

No es que uno sea tan romántico para desconocer la fuente del poder que alimenta la manera de hacer política de los Kirchner, pero quedó demostrado que estas formas pueden también licuar su caudal electoral de cara a las legislativas y, probablemente, llevará a un proceso de reflexión en sus filas.

Es de esperar que el traumático conflicto vivido ventile las formas de la política y que la presidenta vuelva a sus ofertas preelectorales de un cambio de estilo, a lo que debe una parte considerable de los votos que la ungieron.

En ese sentido, un lugar prioritario de su apelación debe ocuparlo la recuperación de la calidad institucional de la República, en donde quienes opinan diferentes no sean los » otros » nostálgicos de un pasado ominoso y por lo tanto enemigos a combatir.

Cristina Fernández es la presidenta de todos los argentinos y, como tal, debe contemplar además los intereses de quienes no la votaron, que fueron muchos, aunque menos de los que le dieron legitimidad.

De esta forma, su compromiso colectivo es establecer un diálogo formal con la oposición, para que ese sector de la ciudadanía esté representado en la consulta de todos los temas estratégicos de la Nación, aunque después le asista el derecho a adoptar las políticas que considere convenientes, como sucede en las democracias maduras.

Esto vale también para sus ministros, en el diálogo que deben mantener con los sectores objeto de las políticas públicas, como afortunadamente se inicia ahora con el campo.

Pero concertar no significa sólo escuchar, sino armonizar -en aras de proyectos de largo plazo- los intereses y los anhelos de quienes dedican toda una vida a una actividad, cualquiera fuera. Las valoraciones en términos de pérdida de poder pertenecen a formas de hacer política del siglo pasado, de las que conviene olvidarse rápidamente.

Un aspecto central de este modelo económico es la descalificación a los mercados como rectores de los precios. La Argentina está inserta en un mundo cada vez más global, donde los valores de los bienes y los servicios los definen los mercados y esto involucra a todos los productos que el país exporta, como a los que se consume internamente.

Todas las experiencias de fijar precios por decreto, por regulaciones o por amonestaciones de funcionarios están condenadas a la frustración, porque tarde o temprano la influencia del exterior se filtrará y romperá las contenciones, llevando los valores a los niveles adecuados.

Si los precios internacionales, como sucede actualmente, están muy altos para la leche, la carne o el trigo, el camino para proteger a nuestros consumidores es aumentar la producción y la oferta, para que bajen los mismos y no restringir su venta vía retenciones o prohibiciones, porque estas medidas alejan a los actores económicos de producir estos bienes hacia otros menos intervenidos, lo que crece la insuficiencia e impulsa los precios aún más.

He aquí una de las principales causas de la inflación actual, aparte de la fantástica expansión monetaria que continúa sin interrupción desde el comienzo de este modelo.

La inflación -más allá del debate sobre el frágil sistema de medición impuesto-, si no se interrumpe, continuará licuando los salarios nominales e impulsando presiones por su recuperación, lo que espiralizará sus efectos y aumentará la pobreza en los sectores más desprotegidos.

No hay política redistributiva del ingreso con alta inflación. Un acuerdo de sindicatos, empresarios y gobierno por períodos de varios años, con metas de inflación y mejoras del 1% o del 2% por año -pero en términos reales- darán mejores resultados a la larga que las actuales políticas.

No resulta fácil volver a mercados transparentes luego de años de intervención, pero un camino posible es canjear retenciones por inversiones. El mejorar la oferta de trigo o carnes, eliminando retenciones en un período de dos años para aumentar las hectáreas dedicadas a los bienes más demandados, podría estar acompañado de compensaciones en ofertas al mercado interno para favorecer precios más convenientes para los cortes populares.

Los productores tendrán resultados mejores que los actuales y de a poco se retornará a los mecanismos que gobiernan los precios en todos los países modernos.

En esta política, no se puede soslayar la soja como fuente de ingresos fiscales y de divisas para el país. La solución a largo plazo no es impedir el crecimiento de la soja -un cultivo centenario en Asia-, sino hacer más competitivos los cultivos tradicionales, si queremos aprovechar la ola de consumo mundial, para fortalecer el crecimiento del país.

La Argentina no puede privarse de ningún recurso si quiere salir de la pobreza y el aumento de sus exportaciones debe ser un sesgo que sobreviva a todos los gobiernos.

Por supuesto que es mejor exportar proteínas animales y no vegetales, por el valor agregado que esto conlleva, pero estas decisiones se promueven con propuestas concertadas y no con prohibiciones.

Un oferta similar ayudaría a mejorar la ecuación energética. Las inversiones han disminuido en nuestro país porque, puestas a elegir, las empresas petroleras, que operan en varios mercados, privilegian aquellos que ofrecen más rentabilidad y abandonan los mercados intervenidos.

Un programa a mediano plazo que permita canjear retenciones con inversiones en exploración petrolera, orientará en esta cuestión estratégica mucho más que funcionarios puestos en empresarios. Brasil nos da un ejemplo, sorprendiendo con nuevos descubrimientos, mientras nuestras reservas caen a niveles críticos.

Las subvenciones otorgadas con el propósito de congelar los precios han demostrado su insuficiencia. Si se otorgan, se contradicen con las políticas de retenciones y además son una fuente de corrupción y de subordinación con el poder.

Además, impulsan el gasto público, que crece en el orden del 37% anual y conspiran contra el superávit fiscal. En mercados transparentes, con buenos precios internacionales, ningún tipo de reintegro a las actividades agrícolas debería mantenerse, en consonancia con la eliminación de las retenciones.

En esta dirección, el frente fiscal debe resguardarse. Se necesita un superávit primario del 4,5% del PBI para hacer frente este año a los vencimientos de los servicios de la deuda, de unos 15.000 millones de dólares.

Ésta es una de las razones por las que el tránsito a una economía de precios transparentes debe realizarse en forma equilibrada, buscando el aumento de la recaudación en el impuesto a las Ganancias sobre otros e incorporando al sector informal de la economía que hoy no aporta.

Ésta es una deuda pendiente con los sectores cumplidores desde el advenimiento de la democracia. La Argentina tiene una tasa de recaudación baja no porque se las compare con otro país (35% contra Alemania 38%), sino porque los que pagan son muy pocos. De esta manera, el peso del Estado cae reiteradamente sobre los mismos contribuyentes, con una diversidad de impuestos diferentes y sobre los consumidores, a través del IVA.

La mayor presencia de ingresos por impuestos a las Ganancias, sin concesiones para ningún sector, incluso aumentando los tipos para las altas rentas, hará mucho más por la redistribución del ingreso que las declamaciones actuales.

La reforma del sistema impositivo está pendiente porque las luchas de las provincias por sus presupuestos, en detrimento del conjunto, hacen que el Congreso y el Poder Ejecutivo sean remisos a impulsar esta iniciativa. Sin embargo, las condiciones económicas del país, con precios favorables excepcionales, hacen casi una obligación moral de la clase política para enfrentar con decisión esta cuenta pendiente.

Este conflicto ha abierto un espacio de deliberación en el que todos los sectores sociales y políticos deben sentirse invitados.

Hay una oportunidad de reconducir ordenadamente las grietas que dejó el reclamo y el gobierno debe ponerse al frente de una transformación que vaya más allá de una política sectorial y cumpla con las promesas ofrecidas que la sociedad está esperando.

CARLOS LARÍA (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Empresario