Otro reconocimiento de que el cine argentino es una “industria”

La superposición de planes es demasiado evidente

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el “maravilloso” proyecto del “Polo cinematográfico y de contenidos audiovisuales en la Isla Demarchi” el 29 de agosto y destacó, primero, que era “para desarrolladores inmobiliarios privados” y, enseguida, que la actividad hasta ese momento no era considerada “industria”. Allí, al sur de la ciudad de Buenos Aires, se construirían dos puentes y, en sus 120.000 metros cuadrados, estudios de cine, televisión y radio; locaciones para filmar y un museo y una universidad especializados.

Cristina admitió que no conocía la existencia de la isla y, con cada vez más frecuente tono admonitorio, le “enseñó” a Luis Beder Herrera, gobernador de La Rioja, que Antonio Demarchi estuvo casado con Mercedes Quiroga, la hija de Facundo, el “Tigre de los Llanos”.

El lugar está “apenas a unos metros de Puerto Madero”, en “un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad”… Sin embargo, en la zona funcionaron el Observatorio Naval, la Escuela Nacional Fluvial, los astilleros Tandanor y uno de reparaciones, talleres de la Armada y la Prefectura Naval, una planta de almacenaje de YPF, la Fundación Azul del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y dependencias del grupo Roggio.

Se dijo que la isla pertenecía a la antigua Administración de Puertos y Vías Navegables, convertida en subsecretaría, y que el Poder Ejecutivo Nacional, por el decreto 1382 del 12 de agosto pasado, convirtió “la vieja Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios” (Minplan), en la Agencia de Administración de Bienes del Estado que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM).

La intención presidencial es transferir la propiedad a la Anses y que ésta constituya una sociedad anónima donde retenga el 99% del “paquete” accionario y el 1% sea de la Secretaría de Comunicación.

Convencida de que su gobierno estará “asociado en tierras que no tenían ningún uso pero tienen un valor incalculable”, la presidenta confesó su “vocación de arquitecta” y que se siente “la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio”, por su “pasión por hacer, por trabajar y por ver las cosas muy rápido; por eso ando siempre como corriendo, es que si no hacés así, no te sale nada…”.

La Anses formaría una sociedad mixta con privados para desarrollar el emprendimiento con un comité evaluador que integraría junto con la Secretaría de Comunicación, el Minplan y al que “vamos invitar al gobierno de la Ciudad”.

Para la titular del Ejecutivo, del 2009 al 2011 la Argentina se convirtió en “el cuarto exportador mundial de contenidos audiovisuales” y en idéntico lapso las ventas totales de películas en el país evolucionaron el 82%”.

No conforme, aseveró que el año pasado aumentaron las “compras de derechos de exhibición por coproducciones de Warner, Fox, DirectTV, Universal y Disney, las principales firmas globales”. No olvidó citar a “Ventana Sur, que es el mercado del cine argentino latinoamericano” y, como al pasar, “el Festival de Cannes”. Aquella suba la atribuyó a “la sanción de la ley de medios audiovisuales”.

El polo de marras registrará “todas las productoras de contenidos audiovisuales” y confeccionará “un mapa para desarrollar –con el concepto de declararlo ‘industria’– un plan de promoción similar al del software”.

San Luis impulsa, desde el 2001, la ley de fomento de las inversiones en la industria del cine (VIII-0240) para las de personas físicas o jurídicas que establezcan sus operaciones en la provincia y cuya concreción incremente el empleo y la base productiva de la economía provincial, aparte de fortalecer el desarrollo cultural. Los que se aprueban acceden a créditos sin interés y/o subsidios, que ya comprendieron a 45 largometrajes y documentales y 64 cortos. El fondo de fomento está a cargo del Programa de Cultura, Área Ley de Cine, del Ministerio del Progreso, que se constituyó, entre otros recursos, con los siguientes:

• Los asignados por la ley de presupuesto provincial

• El recupero de créditos otorgados

• Los intereses, recargos, multas y toda otra sanción pecuniaria aplicada

• Los no utilizados del fondo de fomento, provenientes de ejercicios anteriores

• Los de servicios prestados a terceros y de las concesiones otorgadas por la realización de eventos vinculados con el quehacer cinematográfico

• Donaciones y legados

La Dirección General de Industrias Creativas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó, por su parte, el Régimen de promoción audiovisual de la Ciudad por la ley local 3876 del 1 de septiembre del 2011. La consideró una de las actividades estratégicas y la declaró “industria”. La zona elegida abarca los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal y partes de Palermo y Colegiales, donde ya se habían instalado 43 empresas y desde entonces se radicaron siete y hay 26 en proceso de hacerlo.

De concretarse la propuesta presidencial se superpondría con la del gobierno de Mauricio Macri, que el 31 de julio pasado incluso efectuó una audiencia pública para debatir la realización en la isla de marras de un relleno costero y dedicarlo a un espacio verde.

El Régimen de promoción de la actividad audiovisual fue otro proyecto del nucleamiento político Proyecto Sur, los sindicatos de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) y Argentino de Televisión (SAT), la Asociación Argentina de Actores (AAA) y la comisión de desarrollo económico, Mercosur y políticas de empleo de la Legislatura local. Sugirió beneficiar la actividad en toda la ciudad y no sólo a la citada zona, donde se encuentran las principales productoras, sobre todo las televisivas, como Ideas del Sur, Endemol, Pol-ka y Underground.

Probablemente Débora Giorgi, ministra de Industria, olvidó comentarle a la presidenta que había acordado con Francisco Pérez, gobernador de Mendoza, el 14 de febrero pasado, potenciar las industrias culturales en esa provincia, que busca posicionarse como un centro de realización audiovisual con proyección internacional. Giorgi subrayó que contemplaba créditos del Fondo del Bicentenario, al 9,9% de tasa fija anual en pesos; la bonificación de la tasa de interés de los préstamos que tomen las pymes culturales en el Banco Nación, aportes no reintegrables a emprendedores y asesoramiento técnico y organización de rondas de negocios.

En su anuncio, Cristina no aludió a las restricciones a las importaciones, como accesorios, cámaras, equipos de sonido y de iluminación y software para editar. Algunos se encontraban demorados en depósitos aduaneros, sin poder ser reemplazados por los nacionales, que muchas veces cuestan más que los extranjeros.

Conviene no olvidar que en la década del 50 del siglo pasado, cuando había sólo un estudio en actividad –Argentina Sono Film– y los otros enfrentaban graves crisis, se aprobó el decreto ley 62/57, convalidado por el gobierno constitucional en 1958. Éste estableció el fomento de la actividad en su carácter de “industria”, comercio, arte y medio de difusión y educación; la garantía de libertad de expresión cinematográfica, la creación del Instituto Nacional de Cinematografía (INC), que posteriormente se convertiría en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (Incaa); las calificaciones de las películas nacionales para exhibirlas de acuerdo con su calidad y las de las salas, como también las determinaciones de los turnos de presentación y los porcentajes que deben pagar los exhibidores; la protección de la minoridad, la conformación de un Fondo de Fomento Cinematográfico, beneficios económicos para la “industria”, la difusión en el exterior de los filmes de exhibición obligatoria, la creación y el mantenimiento de un “centro experimental cinematográfico” para la formación de artistas y técnicos, el fomento del cortometraje y la aplicación de sanciones a quienes censuraran o impidieran la libre circulación y exhibición.

En la actualidad están vigentes dos leyes:

• La 17741 de cine, que establece que el Incaa funcione como ente autárquico, responsable del fomento y la regulación de la actividad en todo el territorio y el exterior; obliga a procesar, doblar, subtitular y obtener copias en el país de producciones extranjeras; impulsa la comercialización de aquellas nacionales en el exterior, interviene en la cuota de pantalla, establece el promedio para la continuidad de una película en una sala y fija políticas de resguardo, financiamiento y promoción. Por el decreto 1527/12 del Poder Ejecutivo se aumentó de 3,5 a 5,5 millones de pesos el subsidio a las películas de alto presupuesto y por el 1528/12 las productoras accederán a los mismos beneficios que la industria en general.

La 26522 de servicios de comunicación audiovisual, promovida por el Poder Ejecutivo a través de una “consulta pública” y aprobada por el Congreso en octubre del 2009, estableció la fijación de una cuota de pantalla en los canales de televisión abierta y de cable. Éstos deberán exhibir, con carácter obligatorio y en estreno, ocho películas nacionales por año.