Otro revés judicial para Ricardo Jaime
Fue en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de su familia. La Cámara Federal ratificó lo que había dispuesto el juez Oyarbide al rechazar un planteo de inconstitucionalidad del ex secretario de Transporte, su mujer y sus hijas.
La Cámara Federal porteña confirmó el rechazo al planteo de inconstitucionalidad que el ex secretario kirchnerista de Transporte Ricardo Jaime (2003-2009), su mujer, Silvia Reyss, y las hijas de ésta habían planteado sobre la investigación del presunto enriquecimiento ilícito de la familia. Fuentes judiciales informaron hoy que la resolución de la Sala I del tribunal de alzada ratificó lo que en su momento había dispuesto el juez federal que instruye la causa, Norberto Oyarbide, que hace tres años lleva esta causa y hasta ahora nunca citó a los imputados a declaración indagatoria. La defensa de Jaime y su familia había planteado la inconstitucionalidad del artículo 268 del Código Penal, que castiga con prisión de dos a seis años al funcionario que no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido mientras ocupa el cargo y hasta dos años después. Es que en la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, o sea que el acusado debe justificar su patrimonio. Para la defensa ello supone “la violación al principio de inocencia y las garantías de prohibición de declarar contra sí mismo, de defensa en juicio y de debido proceso”. En cambio, consideran que debe ser la fiscalía quien demuestre la comisión del delito en resguardo de la presunción de inocencia de todos los ciudadanos establecido por la Constitución Nacional. A Jaime lo defiende el estudio jurídico de Andrés Sergio Marutián, que en los ‘90 ocupó la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, cuando esa cartera estaba a cargo de Rodolfo Barra. Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero rechazaron el recurso defensivo y proclamaron que “compartimos la argumentación desarrollada” por el juez preopinante, “por lo que adherimos a la solución allí propiciada”. “La validez constitucional de la figura legal aquí atacada sobre la base de que los cuestionamientos ‘puede(n) ser neutralizad(os) si llanamente se la toma como delito de acción, donde la conducta típica sea enriquecerse de manera apreciable e injustificada’”, indicaron. En esta causa también están siendo investigados el ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, y su hijo Julián, supuestamente vinculados a un avión Lear Jet 31A valuado en 4 millones de dólares y a un yate oceánico que tiene un precio de alrededor de 1,4 millón de dólares, ambos presuntamente usados por Jaime. Jaime tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por el delito de dádivas, ya que habría aceptado viajes en avión a Brasil, Uruguay y Córdoba de parte de empresarios del sector a los que debía controlar. El procesamiento en primera instancia por ese tema había sido dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío. El ex funcionario también fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por no cumplir con un fallo judicial que le prohibió continuar con una licitación ferroviaria, pero la Cámara Federal revocó esa resolución y le ordenó al magistrado profundizar la investigación. Y el viernes pasado Bonadío volvió a procesarlo, esta vez por la tragedia ferroviaria de Once, que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Jaime fue secretario de Transporte durante todo el Gobierno de Néstor Kirchner y ocupó el cargo en el de Cristina Fernández hasta pocos días después de las elecciones legislativas de 2009, que el kirchnerismo perdió en territorio bonaerense, cuando renunció. Agencia DyN
La Cámara Federal porteña confirmó el rechazo al planteo de inconstitucionalidad que el ex secretario kirchnerista de Transporte Ricardo Jaime (2003-2009), su mujer, Silvia Reyss, y las hijas de ésta habían planteado sobre la investigación del presunto enriquecimiento ilícito de la familia. Fuentes judiciales informaron hoy que la resolución de la Sala I del tribunal de alzada ratificó lo que en su momento había dispuesto el juez federal que instruye la causa, Norberto Oyarbide, que hace tres años lleva esta causa y hasta ahora nunca citó a los imputados a declaración indagatoria. La defensa de Jaime y su familia había planteado la inconstitucionalidad del artículo 268 del Código Penal, que castiga con prisión de dos a seis años al funcionario que no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido mientras ocupa el cargo y hasta dos años después. Es que en la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, o sea que el acusado debe justificar su patrimonio. Para la defensa ello supone “la violación al principio de inocencia y las garantías de prohibición de declarar contra sí mismo, de defensa en juicio y de debido proceso”. En cambio, consideran que debe ser la fiscalía quien demuestre la comisión del delito en resguardo de la presunción de inocencia de todos los ciudadanos establecido por la Constitución Nacional. A Jaime lo defiende el estudio jurídico de Andrés Sergio Marutián, que en los ‘90 ocupó la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, cuando esa cartera estaba a cargo de Rodolfo Barra. Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero rechazaron el recurso defensivo y proclamaron que “compartimos la argumentación desarrollada” por el juez preopinante, “por lo que adherimos a la solución allí propiciada”. “La validez constitucional de la figura legal aquí atacada sobre la base de que los cuestionamientos ‘puede(n) ser neutralizad(os) si llanamente se la toma como delito de acción, donde la conducta típica sea enriquecerse de manera apreciable e injustificada’”, indicaron. En esta causa también están siendo investigados el ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, y su hijo Julián, supuestamente vinculados a un avión Lear Jet 31A valuado en 4 millones de dólares y a un yate oceánico que tiene un precio de alrededor de 1,4 millón de dólares, ambos presuntamente usados por Jaime. Jaime tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por el delito de dádivas, ya que habría aceptado viajes en avión a Brasil, Uruguay y Córdoba de parte de empresarios del sector a los que debía controlar. El procesamiento en primera instancia por ese tema había sido dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío. El ex funcionario también fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por no cumplir con un fallo judicial que le prohibió continuar con una licitación ferroviaria, pero la Cámara Federal revocó esa resolución y le ordenó al magistrado profundizar la investigación. Y el viernes pasado Bonadío volvió a procesarlo, esta vez por la tragedia ferroviaria de Once, que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Jaime fue secretario de Transporte durante todo el Gobierno de Néstor Kirchner y ocupó el cargo en el de Cristina Fernández hasta pocos días después de las elecciones legislativas de 2009, que el kirchnerismo perdió en territorio bonaerense, cuando renunció. Agencia DyN
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