Oyarbide llamará a indagatoria a Zanola, su mujer, Acosta y Lorenzo. No descarta a Manzur y Zin

El juez federal Norberto Oyarbide  anticipó hoy que citará a declaración indagatoria al gremialista  Juan José Zanola, a su mujer Paula Aballay, al ex subsecretario  bonaerense de Salud Alberto Costa, y al mayorista farmacéutico  Néstor Lorenzo, en la causa sobre la llamada «mafia de los  medicamentos».

 

El magistrado, en las ya habituales declaraciones al  periodismo en la puerta de su casa, también adelantó que «de ser necesario»  citará a declarar al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur,  y al secretario bonaerense de Salud, Claudio Zin, se da por  descontado que ambos en calidad de testigos.

 

«El juzgado sigue trabajando reuniendo y analizando todas las  pruebas para poder efectuar la convocatoria de distintas figuras  que tienen que ver con este ilícito», dijo el juez. Y cuando los periodistas le preguntaron si ese llamado  incluiría a Zanola, el juez contestó «no le quepa la menor duda» y  agregó: «El señor Zanola surge altamente comprometido con todas las  pruebas, desde ya a su compañera también le tocará el turno y a  Lorenzo y a Acosta».

 

Entonces le consultaron si también llamaría a su juzgado a  Manzur y a Zin, a lo cual Oyarbide respondió: «Si es necesario, sí».

 

Estos anticipos del juez cumplen con el pedido hecho por el  fiscal federal Luis Comparatore, quien la semana pasada ya había  pedido al magistrado que cite a todos los nombrados y también al ex  superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, sindicado como  recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández.

 

Comparatore, impulsor de la causa por la «mafia de los  medicamentos», sostuvo que en el caso hubo «corrupción» y advirtió que  este delito no se trata solo de una maniobra «económica» sino que  «es lo más cercano a un homicidio» y que «evidentemente acá hay  algunas personas que no han cumplido con esa obligación. Hay  corrupción».

 

En cuanto al pedido que hizo de intervención de la Obra Social  Bancaria Argentina (OSBA), Oyarbide resaltó el padecimiento de  muchos pacientes «por no saber si el tratamiento que están  recibiendo es el adecuado» y dijo que «tengo entendido que nuestra  Presidenta va a dar a conocer la intervención formal a la Asociación».

 

«Si se interviene habrá autoridades nuevas que dirijan esa  obra social», consideró y afirmó que «eso no implica que Zanola  pierda su actividad gremial, eso a mi no me importa».

 

De los personajes a llamar a declarar como imputados, ya hay  varios que se adelantaron: Paula Margarita Aballay, pareja de  Zanola y responsable administrativa del Policlínico Bancario y a cargo  del control de los medicamentos, se presentó el viernes en el  juzgado acompañada de un abogado para pedir una «eximición de  prisión», una medida para evitar su inminente detención.

 

En tanto, Alberto Costa -el despedido subsecretario de Control  Sanitario del Ministerio de Salud bonaerense que fue mencionado  en la causa- también apareció en los tribunales de Retiro: dejó un  escrito en el juzgado para rechazar cualquier vinculación con la  causa, acompañado de su abogado, Fernando Burlando.

 

Costa había aparecido en escuchas telefónicas junto a   Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, pieza clave de esta causa y  quien también espera ser llamado a indagatoria.

 

El viernes pasado Oyarbide había ordenado a la Policía Federal  un segundo allanamiento del Policlínico Bancario en la última  semana y los agentes secuestraron una veintena de cajas con  medicamentos presuntamente adulterados almacenados en la farmacia y  documentación que iba desde historias clínicas de pacientes oncológicos  -vivos y fallecidos- hasta papeles clave para probar un supuesto  lavado de dinero en torno a la empresa San Javier.

 

Una versión de fuentes allegadas a la causa indicó que desde  la conducción gremial se habría intentado retirar troqueles y  documentos que quedaban en las oficinas antes de la llegada de los  policías.

 

El escándalo por la «mafia de los medicamentos» estalló hace  una semana, cuando el juez Oyarbide ordenó la detención de Lorenzo,  propietario de San Javier, la droguería que proveía medicamentos  a la Bancaria y que está sospechada de haber distribuido  medicamentos «truchos» o adulterados para enfermos con cáncer y sida.

 

«Si ustedes recuerdan, la camioneta de (Sebastián) Forza  apareció cerca del Policlínico Bancario y al requisarse resultó que  dentro estaba repleta de productos oncológicos falsos», sostuvo. 

 

DYN


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