Padres pobres

Por FERNANDO BRAVO

rionegro@smandes.com.ar

En la Argentina no basta con ser pobre. Es de práctica, que además se le haga sentir al pobre su desamparo.

El estado pregona sus esfuerzos por reducir las brechas sociales. A veces, los hace.

Pero el pobre sufre su pobreza también desde ciertas actitudes institucionales, que de tan comunes acaban por naturalizarse.

Por lo general, el pobre tiene menos acceso a la educación o dificultades muy serias para seguir en el sistema. Luego, tiene menos acceso al conocimiento y a la información, incluso sobre sus propios derechos, que le corresponden ya no por pauperizado sino por ser persona.

Un pobre no puede pagarse un buen abogado. Cuando lo necesita, termina con un defensor oficial, quizá sólido, pero que lleva cientos de casos. La más de las veces, esos "casos" pierden identidad en el camino. Acaban por ser expedientes.

En San Martín de los Andes, niños de padres pobres que concurren al Centro de Cuidados Infantiles, dependiente del municipio, han sido presunto objeto de maltratos físicos y psicológicos, según se denunció en el Deliberante.

Algunos creen ver en la revelación -que hizo un concejal del MPN- un cierto aprovechamiento político. Atentos a la seriedad del tema, sería tan vil valerse políticamente de él como desestimarlo por la misma razón.

Pero ocurre que desde mucho antes, los padres fatigaron oficinas municipales para denunciar a dos empleadas (no son educadoras profesionales, aunque así se las llame oficialmente por cierto cínico sentido de la dignidad), por someter a los chicos a vejaciones como castigo por sus comportamientos.

El municipio separó preventivamente a las empleadas, pero éstas recurrieron a ATE y el sindicato fue a la justicia, que obligó a las reincorporaciones por la calidad de delegadas gremiales de ambas mujeres. La comuna no apeló, vaya uno a saber por qué.

Personas sospechadas de maltratar a los pequeños volvieron a sus puestos. ATE habrá sentido satisfacción por el reconocimiento de los derechos gremiales, pero los padres denunciantes no se habrán sentido igual de felices.

¿Y el gobierno? Atado de pies y manos por el fallo, reordenó el CCI y espera el resultado de un sumario administrativo aún incierto, desde hace cuatro meses.

Cabe preguntarse aquí qué actitud hubieren asumido propios y extraños, si las denuncias involucrasen a niños de padres ricos, capaces de pleitear sin reparar en gastos, cuando no de mover influencias en lugares clave.

Desde luego, el maltrato infantil es inadmisible fuere cual fuere la condición social de la víctima. Pero ese es precisamente el foco de estas líneas.

¿Por qué la justicia convalidó un planteo sindical y pasó de largo abrir por cuerda separada y de oficio, una investigación sobre maltrato? ¿Por qué ningún fiscal actuó de oficio? ¿Por qué no intervino también de oficio el defensor de menores? Todo venía siendo ventilado a través de los medios, ya desde marzo.

Es probable que cada uno de los involucrados, que debieron hacer y no hicieron, tengan en altísima estima los derechos de los niños. Y es posible que en más de una ocasión hayan actuado en consecuencia.

Pero lo que se intenta señalar aquí es la generalizada falta de convicción de los poderes públicos, cuando se trata de derechos de gentes sin recursos que caen en los letargos de la administración, acaso porque no hay quien esté bien pago para empujar el trámite.

La justicia debe investigar si ha habido maltrato a niños. Lo que ya es seguro es que ha habido "maltrato" a sus padres pobres.

Porque la indefensión también es una forma de maltrato.


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