Pagar Ganancias “no afecta la independencia del juez”
–¿El Poder Judicial tiene una crisis de credibilidad? –No, a pesar de que hay reclamos de mejoras en el servicio, los reclamos se vinculan a otras cuestiones, como la celeridad de la respuesta. El servicio es creíble, es correcto y con honestidad; con deficiencias porque los recursos son limitados. –¿Advierte escasos recursos presupuestarios? –El presupuesto está entre el 4 o 4,5 por ciento del total de la provincia. Neuquén tiene un porcentaje parecido. Pareciera acotado, pero no puedo emitir un juicio de valor porque no tengo más información; vamos a estudiarlo. –En la Audiencia pública fue crítico con el sobredimensionamiento del sector administrativo en relación con las áreas jurisdiccionales. –Hay una percepción de que está sobredimensionada la conformación burocrática de lo que no está afectado a lo jurisdiccional. Pareciera que existen muchísimos organismos administrativos. Tengo que estudiarlo y quizás tenga una conclusión distinta cuando me adentre en los números. Aunque se tiene que optimizar la utilización del recurso en favor de lo jurisdiccional. –¿Qué piensa de la política salarial? –Se fueron ajustando los salarios pero Sitrajur está haciendo algunos planteos y quiere discutir ciertos temas, como el ‘enganche’ porcentual con los jueces del STJ y la antigüedad. Me reuní y escuché al gremio. Los ajustes que han tenido en los últimos dos años, en relación con otros Poderes, están en valores mejorables, pero son aceptables. –¿Y el pago de impuestos a las Ganancias por parte de los jueces? –Filosóficamente, ningún trabajador debería pagar porque el trabajo no debería estar gravado. Si se paga, no debería existir diferencia y todos deberíamos pagar. El impuesto no afecta la independencia del juez, pero hay que analizar cómo se implementaría para no afectar la intangibilidad. Desde lo conceptual, no creo que ese pago afecte la intangibilidad de una remuneración. –El anterior STJ aplicó los polémicos adicionales MIG. ¿Tiene opinión? –Se suprimió, pero existe al respecto un expediente de acceso a la información todavía no resuelto. Quiero trabajar en política de comunicación. En relación a los adicionales, entiendo que cualquier remuneración tiene que estar sujeta a los aportes y contribuciones. La información debe llegar trabajada por parte del organismo para evitar distorsiones. Hay que trabajar en una forma institucionalizada. Que exista información de primera mano. La Corte abrió un Centro de Información y tiene su propia agencia de noticias. Es importante que la Justicia llegue con su información y se eviten errores de interpretación. En principio, se ha sostenido que los jueces hablan por sus sentencias. En general, comparto esa idea pero esa postura resulta insuficiente. Si no se provee, se dispone que esa información llegue tergiversada. Habrá que acordar internamente cuál será la política en el traslado de la información. –Hay críticas al mecanismo de selección de jueces. ¿Debería modificarse la integración del Consejo de la Magistratura? –Nadie podría oponerse a que se garantice mayor participación ciudadana para la conformación de uno de los Poderes, como el Judicial. El desafío es hacerlo sin agraviar las cláusulas constitucionales. En Río Negro no hay problemas de interpretación porque el Consejo de la Magistratura está fijado en la Constitución. –Hay consenso en la reforma del Código Procesal Penal. ¿En qué dirección? ¿Comparte el juicio por jurados? –El cambio es ineludible. La gente está buscando mayor celeridad y el juicio oral da más transparencia. Estuve analizando el proyecto que está en Comisión y lo comparto. No será inmediato porque implica desarmar estructuras de los juzgados, reforzar los ministerios públicos, establecer la oficina judicial y capacitar los operadores. Hay que seguir a Neuquén, que el año próximo va implementar un formato parecido al trabajado en Río Negro. Soy partidario del juicio por jurados en la medida que es otra pata de la democratización, porque crea conciencia cívica. Cuando la gente está involucrada en el análisis de un caso, como jurado, tomará verdadera dimensión o conciencia de lo que implica un proceso penal. –¿Comparte el criterio del STJ de aplicación mínima de la prisión preventiva? –Esa prisión tiene un sentido fundamental: garantizar la investigación. Pero es una medida restrictiva. No se puede garantizar seguridad a partir de la prisión preventiva. Se tiende a que no se entorpezca la investigación o a disminuir el peligro de fuga. –La mediación también es un instrumento en análisis. ¿Usted tiene cambios? –Ese instituto funciona muy bien en ciertas ramas y hay que analizarlo en otras, como en cuestiones patrimoniales. Hay que estimular los centros privados, que están en la ley y tienen poco desarrollo. Hay que convencer a los abogados de su utilidad y, además, para que funcione hay que escuchar a los mediadores y trabajar en la depuración de su lista. Vengo del ejercicio libre de la profesión y los abogados le escapan a la mediación patrimonial, las compañías de seguros no se someten a mediación y los costos del proceso son importantes, con mucha burocracia. Además, hay muchas herramientas que se pueden aplicar y no se están usando.
Ricardo Apcarian
–¿El Poder Judicial tiene una crisis de credibilidad? –No, a pesar de que hay reclamos de mejoras en el servicio, los reclamos se vinculan a otras cuestiones, como la celeridad de la respuesta. El servicio es creíble, es correcto y con honestidad; con deficiencias porque los recursos son limitados. –¿Advierte escasos recursos presupuestarios? –El presupuesto está entre el 4 o 4,5 por ciento del total de la provincia. Neuquén tiene un porcentaje parecido. Pareciera acotado, pero no puedo emitir un juicio de valor porque no tengo más información; vamos a estudiarlo. –En la Audiencia pública fue crítico con el sobredimensionamiento del sector administrativo en relación con las áreas jurisdiccionales. –Hay una percepción de que está sobredimensionada la conformación burocrática de lo que no está afectado a lo jurisdiccional. Pareciera que existen muchísimos organismos administrativos. Tengo que estudiarlo y quizás tenga una conclusión distinta cuando me adentre en los números. Aunque se tiene que optimizar la utilización del recurso en favor de lo jurisdiccional. –¿Qué piensa de la política salarial? –Se fueron ajustando los salarios pero Sitrajur está haciendo algunos planteos y quiere discutir ciertos temas, como el ‘enganche’ porcentual con los jueces del STJ y la antigüedad. Me reuní y escuché al gremio. Los ajustes que han tenido en los últimos dos años, en relación con otros Poderes, están en valores mejorables, pero son aceptables. –¿Y el pago de impuestos a las Ganancias por parte de los jueces? –Filosóficamente, ningún trabajador debería pagar porque el trabajo no debería estar gravado. Si se paga, no debería existir diferencia y todos deberíamos pagar. El impuesto no afecta la independencia del juez, pero hay que analizar cómo se implementaría para no afectar la intangibilidad. Desde lo conceptual, no creo que ese pago afecte la intangibilidad de una remuneración. –El anterior STJ aplicó los polémicos adicionales MIG. ¿Tiene opinión? –Se suprimió, pero existe al respecto un expediente de acceso a la información todavía no resuelto. Quiero trabajar en política de comunicación. En relación a los adicionales, entiendo que cualquier remuneración tiene que estar sujeta a los aportes y contribuciones. La información debe llegar trabajada por parte del organismo para evitar distorsiones. Hay que trabajar en una forma institucionalizada. Que exista información de primera mano. La Corte abrió un Centro de Información y tiene su propia agencia de noticias. Es importante que la Justicia llegue con su información y se eviten errores de interpretación. En principio, se ha sostenido que los jueces hablan por sus sentencias. En general, comparto esa idea pero esa postura resulta insuficiente. Si no se provee, se dispone que esa información llegue tergiversada. Habrá que acordar internamente cuál será la política en el traslado de la información. –Hay críticas al mecanismo de selección de jueces. ¿Debería modificarse la integración del Consejo de la Magistratura? –Nadie podría oponerse a que se garantice mayor participación ciudadana para la conformación de uno de los Poderes, como el Judicial. El desafío es hacerlo sin agraviar las cláusulas constitucionales. En Río Negro no hay problemas de interpretación porque el Consejo de la Magistratura está fijado en la Constitución. –Hay consenso en la reforma del Código Procesal Penal. ¿En qué dirección? ¿Comparte el juicio por jurados? –El cambio es ineludible. La gente está buscando mayor celeridad y el juicio oral da más transparencia. Estuve analizando el proyecto que está en Comisión y lo comparto. No será inmediato porque implica desarmar estructuras de los juzgados, reforzar los ministerios públicos, establecer la oficina judicial y capacitar los operadores. Hay que seguir a Neuquén, que el año próximo va implementar un formato parecido al trabajado en Río Negro. Soy partidario del juicio por jurados en la medida que es otra pata de la democratización, porque crea conciencia cívica. Cuando la gente está involucrada en el análisis de un caso, como jurado, tomará verdadera dimensión o conciencia de lo que implica un proceso penal. –¿Comparte el criterio del STJ de aplicación mínima de la prisión preventiva? –Esa prisión tiene un sentido fundamental: garantizar la investigación. Pero es una medida restrictiva. No se puede garantizar seguridad a partir de la prisión preventiva. Se tiende a que no se entorpezca la investigación o a disminuir el peligro de fuga. –La mediación también es un instrumento en análisis. ¿Usted tiene cambios? –Ese instituto funciona muy bien en ciertas ramas y hay que analizarlo en otras, como en cuestiones patrimoniales. Hay que estimular los centros privados, que están en la ley y tienen poco desarrollo. Hay que convencer a los abogados de su utilidad y, además, para que funcione hay que escuchar a los mediadores y trabajar en la depuración de su lista. Vengo del ejercicio libre de la profesión y los abogados le escapan a la mediación patrimonial, las compañías de seguros no se someten a mediación y los costos del proceso son importantes, con mucha burocracia. Además, hay muchas herramientas que se pueden aplicar y no se están usando.
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