Para el Codema, el loteo en el Anfiteatro «carece de validez»

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El fraccionamiento con fines turísticos que una empresa privada quiere desarrollar en el Anfiteatro del río Limay deberá pasar obligatoriamente por el filtro del Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema), pero ese organismo todavía no tuvo intervención alguna en el expediente. No obstante el proyecto ingresó a la administración por otra vía y obtuvo aprobación en la dirección provincial de Tierras y también transitó con éxito por las oficinas de Catastro. Ese dato alarmó a la ong «Comunidad del Limay», que considera prioritaria la preservación paisajística de la costa del río.

Pero ayer el titular del Codema, Oscar Echeverría, aportó un nuevo encuadre del caso al asegurar que el loteo propuesto está emplazado en un área protegida provincial y sus impulsores deberán presentar un estudio de impacto ambiental y todos los elementos técnicos que se les requieran. El funcionario subrayó que nada de eso ocurrió hasta ahora, de modo que el polémico fraccionamiento «carece de validez para el Codema». Consultado ayer por este diario, Echeverría refirió que la intervención de Tierras en el expediente tiene una importancia relativa porque es el organismo a su cargo la única «autoridad de aplicación» en el área del Anfiteatro.

«Hasta ahora no pudimos emitir opinión técnica sobre el proyecto porque cualquier decisión estará supeditada a evaluar el estudio de impacto ambiental, cuando lo presente el propietario», explicó. Insistió en que ese requisito es ineludible y que la misión del Codema es la de verificar que la infraestructura y la actividad a desarrollar no perjudique el entorno natural, dado que se trata de un área protegida. Según Echeverría, los estudios de impacto ambiental no obtienen por lo general una aprobación automática y lo más probable es que el Codema pida ajustes, revisiones o información complementaria. Echeverría destacó además que en el actual estado del trámite la firma titular de las tierras «de ninguna manera puede salir a vender» los lotes.

«Así como está, la provincia no puede autorizar el loteo. Porque antes el expediente debe pasar por la autoridad de aplicación, que es el Codema», sostuvo el funcionario. Informó que al tomar conocimiento del caso pidió los antecedentes a la dirección de Tierras y confirmó que «con la información actual es imposible hacer ningún análisis» en materia ambiental. El fraccionamiento propuesto por la empresa L&B Inversiones Inmobiliarias SA se extiende sobre un campo costero de 178 hectáreas, sobre las cuales fueron trazadas 31 parcelas cuyas superficies que en algunos casos no superan las 5 hectáreas.

El director provincial de Tierras, Jorge Belacín, le otorgó un «visado de conformidad» al plano presentado en esos términos, a pesar de que la normativa vigente establece para esa zona que la unidad mínima no puede ser inferior a las 20 hectáreas.

Belacín dijo que ese límite corresponde a emprendimientos productivos pero están permitidas las excepciones cuando se trata de un desarrollo urbanístico o turístico. La Comunidad del Limay denunció que en el expediente no consta el plan de infraestructura que debería aportar la empresa para justificar ese uso del suelo.