Para el Gobierno existen «probanzas irrefutables» sobre la «apropiación ilegal»

PAPEL PRENSA

Los representantes del Estado en Papel Prensa, Alberto González Arzac y Beatriz Paglieri afirmaron hoy que el informe oficial sobre la compañía contiene «probanzas irrefutables» sobre la «apropiación ilegal» de acciones de la empresa por parte de los «actuales grupos controlantes».

González Arzac, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de la empresa, anticipó hoy que «el informe de aquí en más será remitido a los órganos competentes para la prosecución de trámites administrativos y judiciales».

Durante el acto realizado en la Casa de Gobierno, los dos funcionarios dieron detalles sobre el informe, de más de 200 páginas, denominado «Papel Prensa: la verdad», realizado por una comisión oficial junto a un grupo de colaboradores por pedido de la presidenta Cristina Fernández.

Analizaron «documentos, expedientes administrativos, papeles comerciales, causas judiciales, registros, archivos, actuaciones de la dictadura militar y de los sucesivos consejos de guerra», precisó González Arzac en el inicio de su mensaje.

Paglieri, directora del Estado en Papel Prensa y ex interventora del INDEC, denunció la «apropiación de acciones de Clase A» por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón y advirtió sobre la existencia de un «pacto de silencio» por el que se usaron «elementos de terrorismo de Estado, amenazas, secuestros, desaparición forzada de personas, tortura y privación ilegal de la libertad».

«Clarín, La Nación y La Razón necesitaban acciones Clase A para gerenciar la empresa y ponerla a su servicio», subrayó Paglieri, que también alertó sobre las «ventajas competitivas» que tuvieron esos medios para obtener el papel para sus publicaciones.

Allí, comentó que la compañía «les ha vendido por debajo del costo de producción a las empresas relacionadas con los accionistas».

Según comentó, se «fijan cupos de comercialización a competidores de Clarín y La Nación», al tiempo que «no se han realizado inversiones para mejorar la capacidad productiva» lo que, a su criterio, deriva en «una única conclusión: producen para su propio abastecimiento y no para la sostenida demanda del sector interno».

Paglieri señaló que los medios que no pueden acceder al papel, deben importar la materia prima que tiene «un precio que supera en 50 por ciento» al de producción local.

Asimismo, hizo referencia a un «pacto de sindicalización de acciones» entre los «socios privados» que «nunca fue explicitado ni al Estado nacional, que tiene 28 por ciento de las acciones, ni al órgano de control, violando la normativa vigente».

Durante su discurso, González Arzac denunció que «los integrantes de la familia y el Grupo (Graiver), que era propietario de la mayoría de Papel Prensa, fueron sometidos a amenazas, apremios ilegales, secuestros, privaciones de la libertad, de bienes y torturas».

«Otros bienes jurídicos como la propiedad y fe pública se vulneraron también para facilitar el traspaso de bienes», advirtió y, en ese sentido, aseguró que en el informe «se encuentran probanzas irrefutables sobre la apropiación ilegal de Papel Prensa por los actuales grupos controlantes».

«El 19 de mayo de 1977 se publicaron, en las ediciones de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, solicitadas reconociendo que accedían a la conducción de la empresa previa consulta a los Comandantes en Jefe», dijo.

DyN.-