Para frenar los despidos

Consultor Pulso

Impulsada por todo el arco opositor, el Frente para la Victoria, el massista Frente Renovador, el PJ disidente y Progresistas, la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados firmó el dictamen del proyecto de ley para declarar la “emergencia laboral” retroactiva al 1 de marzo del corriente año y hasta el 31 de diciembre del 2017, con el objetivo de frenar los despidos en la administración pública y en el ámbito privado como reclamaron ante los legisladores semanas atrás las cinco centrales sindicales.

El proyecto establece prohibir las cesantías o desvinculaciones dispuestas por el Estado empleador, incluso Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal y/o Entes Públicos no estatales y que los distractos dispuestos en contravención a dicha prohibición sean nulos, y agrega que en los casos del vencimiento del plazo de los contratos, los mismos sean renovados automáticamente hasta la fecha de caducidad de la emergencia laboral. En síntesis se propone que los trabajadores puedan optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo con doble indemnización. Los diputados plantearon que la emergencia debía ser retroactiva al 1º de marzo y extenderse hasta diciembre de 2017, mientras que los senadores consideraron que el plazo debería ser desde su sanción y sólo por 180 días. Los diputados del oficialismo aspiran a dilatar los tiempos de la llegada del proyecto al recinto con el paso obligatorio que el dictamen debe atravesar por la comisión de Presupuesto que presiden. En el Senado habrá lugar para la exposición de ministros y empresarios propuestos por el oficialismo, aunque con la firma del dictamen, el proyecto igual está en condiciones para tratarse en la próxima sesión de la Cámara alta.

Trascendió a través de los principales diarios nacionales, que durante el debate se cargó duro contra el Gobierno, “Se procedió con urgencia frente a sectores beneficiados sin consultar a nadie. Cuando se trata de trabajadores hablamos que vengan los ministros”, se quejó Facundo Moyano. Informaron también que el debate entre los senadores en el salón Arturo Illia fue más recoleto y moderado, además, que la iniciativa tuvo el respaldo de 9 de los 17 senadores que integran la comisión y que responden al FpV, el PJ-La Pampa, el Movimiento Popular Neuquino y el GEN, al que se sumó Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), que no integra la comisión pero tomó parte en el debate.

La CTA-A, con 1,5 millones de afiliados, prepara para el 29 de abril una jornada de protesta junto con la otra CTA que existe en el país, conducida por el gremialista Hugo Yasky, y junto con las tres ramas de la Confederación General de Trabajadores (CGT). La movilización, que prácticamente reunirá a todas las centrales sindicales de Argentina, espera ser histórica.

Cra. Gabriela L. Almendra

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Chinni, Seleme, Bugner Y Asoc.