Para paliar la crisis

RIO NEGRO

La sequía se inició en 2006 y, con distinta magnitud en la superficie territorial, perduró hasta el inicio de este año. Tal es así que los gobiernos provinciales y nacionales reconocieron la condición de emergencia o desastre agropecuario por sequía a partir de distintas leyes que se aplicaron para paliar la crisis. Por eso los productores accedieron a los beneficios contemplados en la ley provincial Nº 1857 y en la ley nacional Nº 26509, o su antecesora Nº 22913. Pero la situación de emergencia se agravó con la acumulación de cenizas, ocasionada por la erupción de los volcanes Chaitén (2008) y Puyehue (2011).

A partir de la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario, los productores ganaderos afectados no tributan impuesto alguno en el orden provincial. Asimismo, al acogerse a los beneficios de la ley 26509 (o su antecesora 22913) a los ganaderos afectados se les prorrogó el pago de impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, en el orden nacional. A nivel provincial, en todo el periodo de sequía, el beneficio impositivo asciende en total a unos 30 millones de pesos.

El inconveniente radica en la acumulación de deuda en el orden nacional, cuyo pago deberán afrontar una vez finalizada la condición de emergencia. En muchos casos los productores podrán ajustarse a una moratoria acorde, pero en otros se pronostica que no estarán en condiciones de afrontar obligación alguna. A partir de ello, desde el Ministerio de Producción de la provincia se recomienda elaborar propuestas para establecer consideraciones particulares para los productores afectados por la situación de desastre agropecuario.

La situación de los pequeños productores fue verificada por el INTA, el Ministerio de Agricultura de Río Negro, Ley Ovina, Senasa, Federación de Sociedades Rurales, Ente para el Desarrollo de la Región, entre otras entidades.