Pasado presente

Hace 25 años un golpe militar inició un período histórico excepcional en la Argentina. La sociedad había asistido con demasiada frecuencia a los quiebres institucionales. Los gobiernos de facto se habían transformado en una alternativa: fomentada por todos aquellos que no encontraban la manera de hacerse legítimamente del poder; y tolerada por unos cuantos, en la medida en que durante las instancias democráticas el Estado y la sociedad civil se mostraron ineptos para articular un sistema político eficaz, capaz de resolver los conflictos sociales en el marco de un Estado de derecho.

El Proceso de Reorganización Nacional, como se autodenominó, no fue sin embargo una dictadura más, entre tantas. Como las anteriores se propuso restaurar el orden y normalizar la vida económica. Pero el uso de la violencia institucional del que hizo gala sobrepasó límites inimaginables. Son bien conocidas las atrocidades cometidas y los mecanismos implementados por aquel régimen para sembrar el terror. Conviene señalar, de todos modos, que esa maquinaria de muerte fue más allá de la eliminación y la desaparición de los oponentes. Atentó contra la verdad e impulsó el olvido a través del miedo y de muchas otras «acciones psicológicas».

Cuando el Dr. Raúl Alfonsín inauguró el tránsito hacia la democracia el 10 de diciembre de 1983, un nuevo ciclo histórico se inició en la Argentina. Medidas tomadas en el campo de la política militar y de los derechos humanos afianzaron las expectativas puestas por la sociedad en la nueva democracia.

Convocada por el Poder Ejecutivo, la Conadep reunió, en 1984, antecedentes y pruebas incontrovertibles de la maquinaria clandestina con la cual la dictadura instauró el terrorismo de Estado. Y con las pruebas reunidas, un tribunal civil inició, en abril de 1985, un juicio ejemplar que condenó a los ex comandantes de las Juntas Militares. Instancia sin precedentes en nuestra historia, equiparable en lo simbólico a los juicios de Nuremberg. Para importantes sectores de la sociedad se desplegó ante sí un horizonte que prometía dejar definitivamente atrás el horror sufrido. Esto, sin embargo, quedó pendiente.

«Razones de Estado» motivadas por la «cuestión militar» impulsaron la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -leyes de impunidad-. El camino hacia la verdad y la justicia quedó obturado. Posteriormente los decretos de indulto firmados por el ex presidente Menem contribuyeron a tender un manto de olvido sobre el pasado represivo, en aras de una reconciliación nacional nunca lograda.

En los 15 últimos años los organismos defensores de los derechos humanos recrudecieron sus posiciones y desplegaron una serie de estrategias tendientes a no dejar impunes los crímenes cometidos y a impedir la desmemoria. Las movilizaciones periódicas encabezadas por las Madres, las investigaciones minuciosas impulsadas por las Abuelas para identificar y localizar a sus nietos, así como la reapertura de las causas en los «Juicios por la verdad» y los «escraches» organizados por HIJOS como políticas de la memoria, jalonaron un sinuoso camino.

En este contexto el proceso judicial abierto por el juez Cavallo a petición del CELS, para tratar la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no puede ser considerado una actitud enfermiza que busca regodearse en experiencias traumáticas pasadas. Esta es una perspectiva de análisis simplista -¿quizá demasiado optimista?- En realidad ese pasado continúa abierto y esas acciones judiciales retoman el punto en el que se encontraba la situación al momento de sancionarse las leyes de impunidad. En el mejor de los casos, las repercusiones movilizadas por la decisión del juez Cavallo son un síntoma elocuente de que el período iniciado hace un cuarto de siglo forma parte de nuestro pasado-presente.

Hace poco Héctor Schmucler señaló: «Los desaparecidos y el pensamiento que los hizo posible es un mal que existe en nuestros cuerpos como nación… Ninguna Justicia podrá compensar esta marca con la cual nosotros tenemos que vivir como una terrible elección de nuestra existencia» .

Quizá la magnitud del horror sea tal que su huella no pueda borrarse con la Justicia. De todos modos buscar la verdad y esclarecer lo ocurrido, en otras palabras, revisar nuestro pasado reciente es un imperativo ético. Y nos obliga a tomar iniciativas responsables.

Suele afirmarse: «Quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla». En rigor la expresión es falsa, la historia no se repite. Pero en la situación en la que hoy se encuentra la sociedad argentina la expresión es útil para señalar otra cuestión: la necesidad de no descuidar la memoria, si deseamos proyectarnos hacia un futuro en el que nadie pueda volver a ser considerado menos que un ser humano.

(*) Licenciado en Historia, profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue