Pasaron tres meses y nadie paga la fiesta con Cristina

Tres meses después del acto de Bariloche, el gobierno provincial no logra aún justificar la mayoría de las facturas de los servicios contratados por Río Negro para la visita presidencial del Tedéum del 25 de mayo.

Los órganos de control interno -Contaduría y Fiscalía de Estado- continúan con observaciones sobre los distintos expedientes elevados por la Secretaría General, porque insisten en los argumentos y las pruebas para la contratación directa, la efectiva prestación y la razonabilidad de los precios.

Pocas facturas llegaron a la Tesorería General para su pago ya que una treintena sigue con reparos por parte de esos organismos de control.

En principio, el secretario General, Julián Goinhex, puso en marcha el expediente 1487-DAP-2012 por contratación directa y el pago de 2.663.832 pesos por servicios presidenciales. Ese trámite se complicó a partir de la repercusión originada por la difusión periodística del costo de la presencia presidencial en Bariloche. Se supo entonces que esos órganos de control internos no habían participado, algo que derivó en la modificación del mecanismo de contratación y cancelación, transformándolo en “legitimo abono”. Ese mecanismo exige un expediente por cada factura presentada.

“Río Negro” detectó que pocos de ellos superaron los controles contables y legales.

La Contaduría General, a cargo de Juan Kohon, constituye la primera mirada técnica, porque sólo su aprobación determina que ese expediente se remita al análisis de la Fiscalía de Estado, que conduce Pablo Bergonzi. Ambos organismos ya habían rechazado la original contratación directa y ahora están observando los expedientes, devolviéndolos a la Secretaría General para que precise y amplíe sus argumentos.

Algunos observaciones se repiten en Contaduría mientras que otras se originan en Fiscalía, aunque en general las mismas requieren de fundamentos o de pruebas de la existencia del servicio, como también de más presupuestos para justificar los valores cobrados.

Entre los expedientes “rebotados” figuran las facturas más importantes, partiendo de aquella de la empresa Publi La Calandria SA (de Avellaneda) por 574.600 pesos por la “contratación del diseño y coordinación general de producción, supervisión y coordinación técnica”.

También siguen observadas las boletas de Show Service SA por escenario, sonido, tribunas y vallados por 473.200 pesos; Audiovisual Systems SA por show de pantallas por 282.140 pesos; Adamovsky Jimena por globas con calefacción por 224.986; Teatro La Baita por 115.000 pesos y Distrisur Argentina por fuegos artificiales por 106.922 pesos. El listado es mucho más extenso.

La carencia se detecta claramente en la documentación elevada por la Secretaría General y, puntualmente, por la Comisión de Legitimo Abono, que cada área debe constituir para justificar esa tramitación excepcional. Esta comisión está integrada por el subsecretario de Coordinación, Guido Main; el director general de Administración, Federico López; y los directores Raúl Iluminatti y Natalia Hoz. Distintas fuentes aseguraron que la explicación de la misma es “demasiado escasa”.

Otro dato coincidente entre esas fuentes es el reiterado descargo de Goinhex en razón de que se trató de un requerimiento del gobierno nacional, según el texto de la nota inicial. Frente a ese argumento, la Fiscalía habría devuelto algunos expedientes con el reclamo que se adjunte documentación de esos pedidos de los funcionarios de Presidencia. (AV)