Patrimonio y desmesura

La semana en Bariloche

La módica protesta que montaron los artesanos de la calle Urquiza el miércoles y jueves para reclamar mejoras en su tradicional espacio asomó apenas como una anécdota más entre las tensiones sociales que atraviesan la ciudad. Pero el gobierno municipal se encargó de darle la envergadura de un conflicto de alta gravedad, le atribuyó una politización que nunca tuvo y no hizo más que dar la clave de cómo escalarán los nervios de todos a medida que se acerquen las elecciones del 1 de septiembre. Tan pacíficamente como se habían instalado en la plaza del Centro Cívico (sin mayor reparos de turistas y transeúntes, complacidos con la propuesta), los artesanos volvieron con su feria al lugar original con el objetivo cumplido. La visibilización del reclamo que ya habían planteado en varias notas durante meses les permitió conseguir con un chasquido de dedos el enripiado del paseo, los baños químicos y las bajadas de energía eléctrica que el municipio se apuró a implementar, mientras se encargaba de aplicar multas a los manifestantes porque su díscola actitud afectaba el “patrimonio histórico”. Los tres altos funcionarios que se movilizaron para desactivar la protesta, en la que interpretaron “otras intenciones”, parecieron no reparar en que la plaza emblemática a la que se mudaron los artesanos por un par de días es tan histórica y patrimonial como el solar ubicado sobre la calle San Martín donde un choripanero sin autorización se instala a diario, ante la tolerancia bovina del poder fiscalizador. Transgresión similar se reproduce de a decenas por las veredas de la calle Mitre, en la Onelli y en Punto Panorámica, donde la venta ambulante reina a placer. Bueno es decir que esa modalidad de cuentapropismo callejero no está prohibida sin más, sino que está regulada por una ordenanza sancionada en 2007 luego de largas discusiones, que ya atravesó cuatro gobiernos invicta de aplicación. La norma establece la delimitación de zonas específicas, el registro de los vendedores, el cobro de un canon, la regulación horaria, la licitación de espacios, el control bromatológico y la libreta sanitaria para los que comercializan alimentos y otras voluntariosas cláusulas que fueron barridas por la llamada “ley del más fuerte”. Un caso paradójico es el de Maximiliano Alarcón, un vendedor interesado en salir de la informalidad, evitarse persecuciones y cumplir con las reglas, quien no encuentra ventanilla municipal que le dé respuesta. Los artesanos de Urquiza o los de Villegas y Moreno, en cierto modo son la cara “blanca” de la cuestión, porque deben inscribirse, homologar la calidad de sus productos y pagar un derecho diario. Cualquier normativa municipal –al menos en la letra– les otorga prioridad porque realizan un trabajo manual y creativo en el que canalizan un “saber cultural”, a diferencia de quienes se dedican a la simple reventa de productos industrializados. Pero en los hechos el municipio parece privilegiar a estos últimos. Incómodos ante ese señalamiento, desde el gobierno municipal dijeron que más de una vez decomisaron la mercadería de un revendedor que “tira” en la calle, “y al día siguiente el tipo aparece en el mismo lugar y con nueva oferta”, lo cual revelaría un poder económico que nada tiene que ver con la invocada actividad de “subsistencia”. Muy probablemente al artesano genuino un decomiso equivalente lo dejaría en la ruina. La desmesura de la reacción oficial ante el reclamo de los artesanos –a quienes atribuyó un aprovechamiento injusto del espacio público– dejó a la vista la susceptibilidad preelectoral que se adueñó del clima político y que tuvo ya antecedentes en los roces surgidos (por ejemplo) con el destino de los 500 contratados municipales o con la emergencia climática de junio pasado. Las ligeras imputaciones del tipo “¿quién los manda?” o “esta protesta tiene otros intereses”, pasan por alto que esa clase de litigios con frecuencias reconocen orígenes en la impericia menor de algún funcionario que no supo actuar a tiempo. De aquí al 1 de septiembre habrá seguramente escarceos parecidos, que podrán dispararse ante la evaluación de la temporada turística, el trillado tema de los baches, la recolección de basura, el caos de tránsito, los resultados del plan calor, el boleto escolar o el caballo de Roca. Pero después de las urnas las necesidades y los reclamos no van a desaparecer, tampoco habrá margen para las teorías conspirativas y será el momento de ofrecer soluciones en serio.

Daniel Marzal dmarzal@rionegro.com.ar