Pauta oficial: por un esquema de distribución transparente

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Convocatoria Neuquina, el Sindicato de Prensa de Neuquén y la Cooperativa 8300 presentaron recomendaciones para la elaboración de una normativa sobre publicidad oficial a legisladores y al gobernador de Neuquén. La provincia debe adoptar una regulación para cumplir con el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Río Negro”. El pasado 15 de junio, la Corte aprobó el esquema de reparto de la publicidad oficial que presentó Neuquén en base a los criterios fijados por el máximo tribunal en la sentencia de la causa “Editorial Río Negro S.A. c. Neuquén, Provincia del s. Acción de amparo”, dictada en el año 2007. En ese importante precedente, la Corte condenó a la provincia por el retiro arbitrario de pauta oficial al periódico, y ordenó que presentara un esquema de distribución que respete el principio de no discriminación y que permita controlar la asignación de dichos fondos públicos. La primera presentación fue rechazada por la Corte por no respetar las condiciones requeridas en el fallo. Ahora, la Corte aprobó el esquema presentado y le dio un plazo de 90 días a la provincia para que dicte una normativa que vuelva vinculante su propuesta. Las organizaciones arriba mencionadas consideran que Neuquén enfrenta una oportunidad invalorable para discutir y sancionar una ley sobre pauta oficial que esté en consonancia con los estándares internacionales en materia de transparencia, no discriminación y protección de la libertad de expresión. En ese contexto, enviaron un documento con observaciones y sugerencias sobre el esquema aprobado. En primer lugar, las organizaciones consideran que la regulación debería incluir la colocación de pauta en todos los medios de comunicación y no solamente en los medios gráficos, como establece la propuesta del gobierno. La provincia de Neuquén plantea que solamente regulará los criterios de distribución de la pauta publicitaria estatal respecto de los “diarios de alcance regional”. Sin embargo, dicen las ONG, “de no seguirse una propuesta más amplia, que incluya a todos los medios de comunicación y no solamente a los diarios, no se estaría eliminando efectivamente la utilización discrecional de la pauta oficial en la provincia, lo que puede derivar en nuevas violaciones a la libertad de expresión tal como la que se juzgó en el caso del diario Río Negro”. En segundo término, las ONG mencionadas sostienen que la normativa debería incorporar otros estándares en materia de publicidad oficial, además de los relativos a criterios de distribución, e incluir prohibiciones de uso propagandístico de la pauta, reglas de transparencia, mecanismos de control apropiados y sanciones específicas para su incumplimiento. Indicaron, además, que para una adecuada implementación de la norma es necesario que la provincia organice un registro público de medios de comunicación, donde deberán inscribirse los medios que deseen ser proveedores estatales en materia de pauta y en el que figuren, entre otros datos, nombre del medio y sus propietarios, circulación o audiencia, cobertura geográfica y tarifas.