Peligro, el Estado avanza

El gobierno decidió intervenir en una empresa que ya se encuentra en medio de un concurso de acreedores. La medida vuelve a dejar en el centro del debate el rol que ocupan las empresas privadas en el país, y la valoración que existe de ellas.



Daniel A. Darrieux (*)

Manifestación. Un pequeño grupo de habitantes de la provincia de Santa Fe, se movilizó en defensa de la empresa.

La decisión de intervenir la empresa Vicentín y el proyecto de estatizarla reflejan el sesgo intervencionista-estatista de la administración Fernández en detrimento de la libre iniciativa privada. Los controles de precios, congelamientos de tarifas, controles cambiarios, prohibición para despedir y restricciones a las importaciones – entre otras medidas- así lo demuestran.
Intervenir una empresa en la que se inició un proceso concursal a cargo de un juez representa una violación al sistema republicano de división de poderes. Por ende, una señal muy negativa en términos de seguridad jurídica, crucial para atraer inversiones.
En cuanto al proyecto estatizador, un argumento de fondo (más allá de las formas): la filosofía liberal de nuestra Constitución Nacional es contraria al Estado empresario. Juan Bautista Alberdi, padre de la Carta Magna, así lo expresaba: “…El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vías de comunicación….sale de su rol constitucional…”. Agrega además que “la idea de una empresa pública es absurda y falsa en su base económica”.

No es una cuestión de buena o mala administración. En las empresas estatales no hay incentivo para la eficiencia.


La Constitución contempla la expropiación por causa de utilidad pública. Claramente, el caso Vicentín no lo es.
El enfoque de Alberdi resultó muy acertado. El estado empresario fracasó estrepitosamente en nuestro querido país. Un ejemplo: según datos oficiales, en el período 2008/2019, Aerolíneas Argentinas perdió 1,5 millones de dólares por día. Entel, la empresa estatal de telefonía, tenía pérdidas, a pesar de ser monopólica. YPF, previo a su privatización, era la única petrolera deficitaria. El exceso de personal y la corrupción en las compras fueron otras de sus características.
La empresa estatal implica una competencia desleal con la actividad privada, ya que el gobierno es juez y parte. No es una cuestión de buena o mala administración. En las empresas estatales no hay incentivos para la eficiencia. Nadie es económico con el dinero de los contribuyentes. Además, el mérito se ve desplazado por el clientelismo político.
El fracaso del estado empresario no es exclusivo de la Argentina: estudios realizados en Europa sobre 25 empresas públicas así lo demuestran.
Resulta disparatado que un Estado quebrado pretenda destinar recursos para estatizar a una empresa privada endeudada. Implicaría engrosar un gasto público que genera una presión fiscal asfixiante para el sector privado productivo. Vale recordar que la estatización de YPF nos costó 5600 millones de dólares. Con intereses hoy representan unos 9000 millones de dólares.

Anuncio. El Presidente dio a conocer el martes la intención de expropiar la compañia.


El presidente planteó que la estatización sería un paso en la soberanía alimentaria, un argumento extraviado si los hay. Con la pretendida soberanía energética se terminó importando el gas que se podía producir en el país. El sector agroindustrial, el más eficiente de la Argentina, no necesita de una “empresa testigo”.
El proyecto de estatizar Vicentín (se concrete o no), es muy negativo en términos de atraer inversiones. ¿Quién va a pensar en invertir en Argentina si corre el riesgo de ser expropiado? Violar la propiedad privada es un virus letal que mata al desarrollo.
Es crucial entender que la única vía para generar empleo, aumentar la oferta de bienes y servicios y disminuir la pobreza es incrrementar fuertemente la inversión privada.
En un reciente artículo en Infobae, Diego Dillenberger plantea que los argentinos somos los más anti empresarios y más estatistas. Fundamenta su afirmación en una encuesta de “Quiddity” realizada en el país, Brasil, Colombia y México, que muestra cómo los argentinos somos los que menos apreciamos a nuestras empresas y los únicos que preferimos que sean estatales y no privadas. En dicho artículo, Dillenberger también cita el relevamiento realizado por CIO, la encuestadora de Cecilia Mosto, que muestra que la confianza en las empresas siempre estuvo debajo del 30 por ciento.
Sin embargo, y siguiendo con dicho relevamiento, los encuestados hacen una diferenciación entre las “grandes” y las pymes. Según el último resultado, la confianza en las pymes es mucho mayor a la que se tiene en las grandes empresas: 76 a 44 por ciento.
Una vía de solución posible, es generar conciencia de lo mucho que pueden hacer las Pymes si contaran con un ambiente de negocios favorable. Para ello, se debe avanzar con la reforma del Estado, del sistema impositivo y las relaciones laborales. Una moneda sana y la calidad institucional deben formar parte de esta transformación. No hace falta un nuevo contrato social, pues ya está contenido en nuestra Constitución Nacional.
La paradoja es que hemos rechazado lo que funciona en el mundo: la libertad creadora, el respeto a la propiedad privada y el libre comercio. La evidencia empírica demuestra que el capitalismo liberal, único sistema compatible con la naturaleza humana, es el generador de las condiciones necesarias para el desarrollo. Cambiar nuestro chip mental es el gran desafío.
(*) Periodista - Dir. Impacto Económico


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