Pericias demoran avances en la causa por Salto Andersen

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La Justicia investiga “presunto fraude a la administración pública”.

VIEDMA (AV).- Las presuntas irregularidades en la licitación de la obra de Salto Andersen que investiga la justicia siguen a la espera de respuestas de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El juez Carlos Reussi dispuso una serie de pericias en el expediente, sobre las que aún la perito designada no puede empezar a trabajar porque no tiene el expediente. Los casi 50 cuerpos se encuentran en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que no los ha enviado a la justicia a pesar del reclamo reiterado. La última respuesta habría sido que la perito se traslade a trabajar a la Fiscalía porque personal de ese organismo de control analiza el voluminoso expediente que se encuentra allí hace más de tres años. En los pasillos de Tribunales la respuesta del Fiscal, Marcelo Ponzone, dio que hablar, teniendo en cuenta que la Fiscalía posee una auditoría contable que no tiene la justicia y que podría haberse expedido sobre el tema en el marco de una investigación técnica como ésta que requiere de la intervención de profesionales contables. Lo cierto es que el expediente sigue en el mismo lugar sin que –hasta el momento– exista información sobre el avance de la investigación, a pesar de lo manifestado a este diario por el propio Ponzone, a poco de asumir al señalar que entre las prioridades fijadas se encontraba la licitación de Salto Andersen. La justicia investiga si hubo o no accionar delictivo en el proceso de adjudicación y construcción de esa central hidroeléctrica sobre el río Colorado en cercanías de la ciudad del mismo nombre, en un presunto “fraude a la administración pública”. Ese trámite tuvo en principio un costo de 22 millones de pesos pero terminó significando cerca de 130 millones y fue gestionado desde el Departamento Provincial de Aguas bajo la conducción de Horacio Collado. En el 2006 la provincia adjudicó esa construcción a la española Isolux Corsán que cotizó 20 millones más sobre el costo oficial. En julio de 2010 la Legislatura autorizó al gobierno de Miguel Saiz el desembolso de 54 millones de pesos extras para afrontar los costos de la inversión. Cabe recordar que Collado explicó en su momento que para definir el presupuesto inicial de 22,5 millones se había tomado el elaborado 12 años antes, y actualizado globalmente. Finalmente la obra se adjudicó en 41,8 millones de pesos, que luego se vieron incrementados. De allí la importancia de la participación de un perito en la investigación.