Periodistas neuquinos habían denunciado la «política del rebaño»

Un informe de la Asociación de Periodistas de Neuquén describió cómo la gestión Sobisch "compra voluntades" de periodistas para tenerlos a su merced. Remitió el estudio a la fiscalía de Mendaña y lo entregó a la CIDH durante su visita a la zona.

«El mensaje oficial termina siendo potenciado por periodistas adictos», dice el informe.
La Asociación de Periodistas de Neuquén había denunciado en agosto del año pasado «la política de rebaño del gobierno neuquino», mediante «la estrategia de compra de conciencias, de voluntades de periodistas y de medios de comunicación, que incluso pone en marcha mecanismos de censura y autocensura que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos como lo son el derecho a la información y a la libertad de expresión».

El informe fue presentado ante el fiscal de Cámara de Neuquén, Ricardo Mendaña, y puesto en manos de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en oportunidad de su visita, el año anterior.

El arbitrario manejo de la publicidad oficial durante la gestión de Sobisch «se ha exacerbado hasta límites intolerables», denunció la Asociación, en un documento firmado por Jorge Gadano y Fabián Bergero.

El nucleamiento analizó la política actual en publicidad y medios de comunicación, y concluyó que varias de las contrataciones se realizan por montos muy importantes y no se controla la emisión de los avisos publicitarios, como demuestran los informes del Tribunal de Cuentas. «Al gobierno no le importa que los mensajes sean difundidos, sino controlar -directa o indirectamente- al medio de comunicación a través de la publicidad oficial», subraya Periodistas.

Y agrega: «Como la mayoría de los medios de comunicación de más alcance están «beneficiados», el «mensaje oficial» del gobierno llega en forma directa a una cantidad importante de pobladores de la provincia. Ese mensaje, lejos de ser analizado, criticado o investigado por periodistas libres de presiones económicas o políticas, termina siendo exaltado y potenciado por los periodistas adictos. El resultado de esta acción es este atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información».

El informe particulariza casos en los que es evidente el control sobre medios y periodistas:

* «La radio de amplitud modulada más importante de la provincia (LU5, Radio Neuquén), tiene tanta publicidad oficial como deudas con el Banco Provincia de Neuquén. Esto pone además en claro por qué el gobierno y los entes descentralizados del Estado se niegan a dar a conocer cuánto gastan en publicidad oficial. Hacerlo desnudaría la trama de intereses ocultos que maneja, y pondría sobre aviso a la población de los verdaderos motivos de esta adicción al mensaje oficial».

* Menciona programas de radio Cumbre (AM) retransmitidos por cadena provincial a emisoras del interior. «Las noticias que se difunden, los comunicados de prensa que se leen, las personas que se entrevistan y la opinión del conductor remiten exclusivamente al repertorio del partido de gobierno, se trate de asuntos gubernamentales o no. Esto significa la práctica lisa y llana de propaganda partidaria».

• En LU5 «no es fácil encontrar pluralismo informativo (…) Se puede constatar la presencia de acuerdos comerciales entre el gobierno provincial y los responsables de otro ciclo difundido los sábados al mediodía», añade.

* «El método abusivo de información restringida se combina con una campaña extraordinariamente pertinaz de propaganda que financian organismos descentralizados del Estado provincial. El paradigma por excelencia es el Banco de la Provincia de Neuquén, con tandas profusas y extensas en radio y televisión dedicadas a ubicar geográficamente las sucursales y los cajeros automáticos de la entidad».

* «También a repetición, con una frecuencia cuyo costo es difícil calcular e imposible averiguar en las dependencias responsables, se multiplican los avisos del ISSN, del EPEN, del EPAS y de Corfone. Los contenidos de estos avisos son tan superfluos que uno de ellos –EPEN o EPAS- consiste en un mensaje sobre las drogas y otro –ISSN- sobre la conveniencia de caminar. Su permanente irradiación en los medios puede explicarse solamente por intercambios de favores entre las autoridades de gobierno y los dueños de medios y espacios».

* «La oficina de Información Pública retiene la misión de editar el boletín informativo diario, pero el gobierno ha creado además un equipo ad hoc para el que empleó a un grupo indeterminado de personas, y contratado además los servicios de una agencia mendocina, de nombre Corporativa, dedicada a registrar la actividad protocolar del gobernador y difundir en televisión y afiches callejeros campañas como las que postulaban «La educación es el camino» y «La seguridad es el camino».

* «Las giras del gobernador por el interior provincial, por el interior y aun el extranjero cuentan con un formidable equipo audiovisual que integran camarógrafos, fotógrafos y cronistas y cuyas producciones se difunden copiosamente en los medios regionales, en una suma total de gastos difícil de calcular e imposible de conocer. Es ilustrativo al respecto el recurso de hábeas data interpuesto por la Defensora de Menores, Nara Osés, así como la sistemática resistencia de los funcionarios del Ejecutivo a informar».

* Observa Periodistas que, según se desprende del informe del subsecretario de Hacienda, Claudio Silvestrini, al bloque de la Alianza, quien recibe el mayor volumen en el año –casi 280.000 pesos- a nombre de las editoriales Amfin y Edimer (diarios Ambito Financiero y La Mañana), es el empresario Julio Ramos, dueño de ambos diarios. No puede sorprender, por lo tanto, que el gobernador Jorge Sobisch haya citado un elogio del primero de esos diarios a su gestión acotando -como si se tratara de un medio independiente- «no lo digo yo, lo dice Ambito Financiero»».

* Añade que «en el informe figuran como proveedores de publicidad algunos municipios del interior, lo que de por sí, y aunque sea dable suponer que el monto fue a alguna radio de la localidad, constituye una irregularidad. También lo es que un integrante del gobierno, actualmente en el cargo de director de Información Pública, Pedro Alejandro Salvatori, haya sido también beneficiario de publicidad oficial por un monto de 4.500 pesos».

* Puntualiza que «uno de los más fervientes panegiristas del gobernador Sobisch, el autotitulado periodista Hugo Díaz, recibió para su radio FM Record 68.480 pesos, un 20% más del monto pagado al diario La Nación. Un caso similar es el de la agencia Serra y Benedetti, que cobró 43.000 pesos por servicios de publicidad sin detallar».

* Describe que «la extensa lista de quienes fueron tocados por la varita mágica del Ejecutivo incluye personas físicas y jurídicas. Entre éstas, con 44.400 pesos del IPVU, Hacienda y Legislatura, destaca Macrocom, de Andrés Ogando, que cuenta con los servicios de Leonardo Boela, director periodístico de AM Cumbre y conductor del programa de televisión Primer Plano. El fervor oficialista de Boela ha logrado superar al de Díaz, lo que no es poco. Y aunque no es el único, es el más notorio y eficaz creador de mecanismos de presión para obtener ingresos de quienes se resisten al pago. Consultar en CALF».

* «Las personas físicas nombradas en la lista son en gran parte, estando a investigaciones de esta Asociación, propietarios de radios FM de corto alcance. Uno de ellos, con publicidad del IPVU y de Hacienda, explicó que había recibido una orden de la señora Domínguez, funcionaria de la Secretaría General de la Gobernación, y las restantes de «políticos» que pagaban así espacios que compraban a la radio. Otro aclaró que su radio era «comunitaria», y que por tal razón el gobierno la premiaba con asignaciones publicitarias. Dijo que no se emitía publicidad alguna. No son ellos, sin embargo, los más «premiados». Un tal Luis María Da Souza figura con 18.000 pesos, y José Luis López con 12.400″.

* «De la subsecretaría general de la Gobernación, a través de la directora de Coordinación Técnica Marcela Domínguez, se contrató la publicidad que derivada después a organismos provinciales como el Iadep, eran liquidados con fondos de esos organismos. Tomando siete meses del 2001 y los dos meses del 2002 a través de este mecanismo se le pagó a Leonardo Boela Publicidad la suma de 12 mil pesos. Otro ejemplo es Carlos Gamero que en sólo tres meses obtuvo publicidad oficial por un monto de 6 mil pesos».

* «Sorprende además –aunque por sus propósitos- la factura 441 del 6 de junio del 2001 a favor de Serra y Benedetti Consultores Publicitarios por un monto de 5.138 pesos en concepto de «diseño y conceptualización de campaña publicitaria para medios gráficos» destinada al Iadep».

El informe da otros ejemplos.


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