Pervez Musharraf declaró el estado de excepciónen Pakistán
Justificó la decisión en intromisiones de la Justicia y la creciente actividad extremista. El gobierno británico y el estadounidense se mostraron preocupados por la medida.
ISLAMABAD (AFP).- El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, decretó este sábado el estado de excepción justificando su decisión por la creciente actividad de los extremistas islámicos y las injerencias de la justicia en la acción de gobierno. El decreto presidencial que instaura el estado de excepción, sostiene que se constata «un aumento notable de las acciones extremistas y de los incidentes vinculados a atentados terroristas».
El Ejército paquistaní lucha contra los combatientes islamistas próximos de los talibanes y de Al Qaeda en las zonas tribales fronterizas con Afganistán y contra los extremistas atrincherados en una región noroccidental que en otros tiempos era un paraíso turístico.
Desde julio Pakistán ha sufrido episodios de violencia sin precedentes. Unos veinte atentados suicidas, perpetrados por islamistas o atribuidos a este movimiento, ensangrentaron el país, con un saldo de 420 muertos.
El peor atentado de toda la historia de Pakistán fue cometido el 18 de octubre en Karachi, horas después de la llegada a esta ciudad sureña de la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto tras pasar ocho años en el exilio. Bhutto, inmersa en negociaciones políticas con el general Musharraf para el reparto de poder, regresó este sábado a Pakistán procedente de Dubai a pesar del estado de excepción (ver aparte).
Musharraf también pretexta, en su decreto presidencial, «interferencias» judiciales. «Algunos miembros de la institución judicial trabajan contra los poderes ejecutivos y legislativos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, debilitando de esta manera el gobierno y la determinación de la nación, y disminuyendo la eficacia de su acción para detener esta amenaza», agrega el documento.
El Tribunal Supremo, que suele contrariar los planes de Musharraf, debía emitir en los próximos días su veredicto sobre la validez de su reelección en las elecciones presidenciales del 6 de octubre, en las que se impuso.
La policía y el Ejército acordonaron la sede de la principal instancia jurídica nacional, cuyo presidente, el juez Iftikhar Mohammed Chaudhry, férreo opositor a Musharraf, fue reemplazado por Hameed Dogar. Se cortaron todas las líneas telefónicas móviles y terrestres y se interrumpieron las transmisiones de algunas televisiones privadas.
Musharraf, quien llegó al poder tras dar un golpe de Estado incruento en 1999, también suspendió la Constitución.
Su decisión fue tachada de «muy lamentable» por la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice, mientras el gobierno británico se declaraba preocupado. El ex primer ministro paquistaní exiliado Nawaz Sharif también lo condenó y exigió la dimisión de Musharraf. Hace varios días ya que corrían rumores sobre una posible proclamación de medidas de excepción en caso de que la justicia decidiese invalidar la candidatura de Musharraf a las recientes elecciones. El mandato de Musharraf al frente del país concluye oficialmente el próximo 15 de noviembre. La instauración del estado de excepción deja en el aire las elecciones legislativas previstas en enero de 2008. Estos comicios estaban considerados como una etapa crucial para el restablecimiento de la democracia en Pakistán, una potencia nuclear de 160 millones de musulmanes aliada de Estados Unidos en «su guerra contra el terrorismo». El estado de excepción pone en apuros, asimismo, las negociaciones entabladas para el reparto de poder y apoyadas por Washington y Londres, deseosos de que el general Musharraf se convierta en un presidente civil y Bhutto pase a la jefatura del gobierno.
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