Pese a la denuncia, Weretilneck seguía firmando resoluciones

CIPOLLETTI (AC).- Mientras la jueza María del Carmen García García investigaba la denuncia por las contrataciones realizadas por el municipio de Cipolletti a empresas que pertenecen a funcionarios, el intendente Alberto Weretilneck seguía firmando resoluciones con adjudicaciones similares. En varios expedientes aparecen los nombres de los proveedores que ya estaban mencionados en la causa.

«Seguían haciendo lo mismo», cuestionó Norma Dellapitima, la concejal del MARA que presentó el caso ante el juzgado de García García en julio de 2004.

La jueza llamó a indagatoria al secretario de Gobierno Claudio Di Tella; ex secretario de Servicios Públicos, Ernesto Galdeano; y a la mujer de Galdeano y actual directora Contable, Alicia Dotzel. Los tres se abstuvieron de declarar porque «quieren saber primero qué se les imputa», dijo su abogado, Oscar Pandolfi.

La denuncia que realizó Dellapitima el año pasado involucraba además a dos concejales oficialistas, Cristian Blanco y Roberto Bichara. Pero la magistrada sólo convocó a los tres primeros.

Dellapitima pedía que se investigaran varias resoluciones municipales, entre ellas algunas que aprobaban contrataciones directas con la firma Residencia Geriátrica Valle del Sol, de la familia Di Tella. Quería que se determinara, entre otras cuestiones, si el secretario de Gobierno es e responsable actual de la firma.

En el caso de Galdeano, también adjuntó varios expedientes relacionados con adjudicaciones a Raúl Galdeano-Transportes Eduardo. «Raúl Galdeano sería hermano del secretario de Servicios Públicos», detalló Dellapitima en su denuncia de 2004.

Pero mientras García García tenía en su escritorio la causa y realizaba las investigaciones, seguían apareciendo resoluciones municipales similares.

En abril de 2005, por ejemplo, Weretilneck resolvió «prorrogar» a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de este año, los contratos celebrados en fecha 10-05-04 entre la municipalidad de Cipolletti y Raúl Galdeano. Y en junio, por ejemplo, aprobó la contratación directa con la «Residencia Geriátrica Valle del Sol» por la suma de 2.000 pesos.

También hay otra, de marzo de este año, en la que se aprueba la contratación directa con la firma «Blanco Ripieras y Areneras» de Angel Blanco. «El señor Angel Blanco es padre del concejal Cristian Blanco», detalló la concejal.

En esa denuncia se advierte también respecto de contrataciones por trabajos correspondientes a electricidad a «Transportes y Servicios Lucas de Esteban F. Rojas». «Este se habría desempeñado como chofer y empleado del edil Roberto Bichara», afirmó la concejal.

También este año aparecieron nuevas resoluciones a favor de «Transportes y Servicios Lucas», como una del 26 de abril (por $2.000), otra del 28 del mismo mes (por $1.026), una del 15 de junio (por $2.200) y otra del 19 de mayo (por $2.200).

La Justicia determinará si hubo delito o no, pero mientras tanto el gobierno municipal «debería haber evitado estas situaciones», dijo una fuente ligada a la investigación.

Dellapitima pidió que se determine si se trata de una violación a la ley nacional de Etica Pública, que en su artículo 13 dice que «es incompatible con el ejercicio de la función pública… b)ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones».