Piden 50 años para acusados por crímenes en la Mansión Sere

Lo solicitó la parte querellante en sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 5 por el delito de genocidio durante la última dictadura militar. Este juicio es uno de los desprendimientos de la llamada "megacausa" del Primer Cuerpo de Ejército.

Los querellantes en el juicio por el caso de la «Mansión Seré», el centro clandestino de detención que funcionó en Castelar y dependía de la Fuerza Aérea, reclamaron hoy para los acusados penas de hasta 50 años de cárcel por el delito de «genocidio» durante la última dictadura militar.

En la audiencia de alegatos se escucharon las intervenciones de los abogados Luis Bonomi, Pedro Dinani, Césa Sivo y Liliana Mazea, que acusan por el colectivo de organismos humanitarios «Justicia Ya». Ante el Tribunal Oral Federal 5, los letrados reclamaron 50 años de cárcel para el brigadier retirado Hipólito Rafael Mariani (82), que comandaba la base aérea de El Palomar; 25 años para el brigadier retirado César Miguel Comes (82), ex jefe de la base de Morón, y reclusión perpetua para el coronel retirado Alberto Pedro Barda (80), ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata.

Mariani y Comes llegaron excarcelados hasta esta instancia del proceso, situación a la que se opone la querella, pero sin objeciones del fiscal Félix Crous, mientras Barda cumple prisión preventiva domiciliaria.

Los tres escucharon los alegatos sentados en el banquillo por los secuestros, torturas y violaciones ocurridos en «Mansión Seré», una quinta del Gobierno porteño cedida en comodato por el intendente de facto brigadier Osvaldo Cacciatore a la Fuerza Aérea, que la convirtió en un centro clandestino de detención en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Entre los delitos que se achacan a los acusados figuran «genocidio», privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. Mañana se escuchará el alegato de la Fiscalía, desde la semana que viene el de la defensa y en los primeros días de noviembre se conocerá el fallo.

Bonomi dijo a DyN que «además de la figura del genocidio, en nuestros alegatos remarcamos que con estos juicios parcializados se demora la llegada de la Justicia, y planteamos la exigencia de que el Estado entregue archivos sobre los hechos y el personal que actuó en la dictadura».

«Otra cuestión importante para nosotros es que la condena sea cumplida en una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal y se revoquen las excarcelaciones y la prisión domiciliaria» de que gozan los acusados.

En ese sentido, el letrado advirtió que «tuvimos que ver a Comes salir caminando tranquilamente de los tribunales después de la audiencia». Durante la etapa de prueba, sobrevivientes coincidieron en señalar que el jefe de la «patota» se hacía llamar «Hugo» o «Huguito», interrogaba a los prisioneros en las torturas y se jactaba de ser oficial de contrainteligencia de la Fuerza Aérea y de haberse infiltrado en los Montoneros.

También recordaron feroces sesiones de torturas con picana eléctrica, submarino seco y abusos sexuales, a la vez que indicaron que la comida provenía de la base aérea de Morón y era servida en platos con el escudo de la Fuerza Aérea Argentina.

Este juicio es uno de los desprendimientos de la llamada «megacausa» del Primer Cuerpo de Ejército, que tramita el juez federal Daniel Rafecas y en la cual se investigan los crímenes cometidos en esa poderosa jurisdicción castrense durante la última dictadura militar.

La «Mansión Seré» es un caso emblemático de la represión ilegal. Después de una fuga de varios presos, los otros detenidos fueron llevados a otras dependencias o liberados y la propiedad fue incendiada y dinamitada. El actual intendente de Morón, Martín Sabbatella, convirtió el predio en el polideportivo «Gorki Grana», donde además funciona la «Casa de la Memoria y la Vida».

Fuente: DyN


Los querellantes en el juicio por el caso de la "Mansión Seré", el centro clandestino de detención que funcionó en Castelar y dependía de la Fuerza Aérea, reclamaron hoy para los acusados penas de hasta 50 años de cárcel por el delito de "genocidio" durante la última dictadura militar.

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