Piden 9.138 años de cárcel para Scilingo en España

La Fiscalía española usó como argumento que existe jurisdicción universal para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad no castigados en el país en el cual

La Fiscalía española reclamó ayer una condena de 9.138 años de cárcel para el ex capitán naval Adolfo Scilingo, que afronta un juicio ante la Audiencia Nacional de Madrid, España, por genocidio y terrorismo de Estado en la última dictadura militar argentina.

Scilingo, de 58 años de edad, se convirtió en 1997 en el primer represor que confesó haber participado de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura del período 1976-83 y negados por las Fuerzas Armadas hasta entonces.

Ayer la fiscal española Dolores Delgado requirió una pena de más de 9 mil años de prisión para Scilingo, que fue procesado por el juez Baltasar Garzón luego de haber narrado al mundo que formó parte de los «vuelos de la muerte», que consistían en el lanzamiento al mar, desde aviones militares, de prisioneros narcotizados pero aún vivos.

El impactante número de años que conforman la sanción que la Fiscalía pretende imponer a Scilingo surge de un cómputo que propone 30 años en prisión por cada uno de los 30 homicidios atribuidos al ex marino, más seis años tras las rejas por lesiones a 93 prisioneros y otros 30 años por cada uno de los actos de terrorismo que derivaron en la desaparición de 255 víctimas. En todos los casos, se trata de hechos en los que el ex capitán de corbeta tendría responsabilidad.

Ante el tribunal de Madrid que preside el juez Fernando García Nicolás, la fiscal Delgado sostuvo que existe jurisdicción universal para enjuiciar crímenes de lesa humanidad no castigados en la nación donde fueron cometidos. Así, reivindicó las atribuciones de España para investigar y castigar delitos cometidos en Argentina. «El genocidio no está limitado territorialmente», explicó la fiscal, que aseveró que «todo Estado debe perseguir» a los responsables de ese delito.

Scilingo es el único «arrepentido» del aparato represivo y su versión ha sido desmentida por sus ex camaradas militares e incluso por él mismo, que se retractó en vano cuando España inició el pasado 14 de enero el juicio oral en su contra.

Sin embargo, en octubre de 1997 Scilingo declaró acerca de los «vuelos de la

muerte» ante el juez Garzón, a quien detalló ese método de exterminio de prisioneros aplicado al menos entre 1977 y 1978, es decir en el período en el que el entonces capitán formó parte del cuerpo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor campo de concentración de la dictadura.

La fiscal destacó que Scilingo dio precisiones sobre los «vuelos de la muerte» y que las declaraciones de sobrevivientes de la ESMA «coinciden con lo que nos ha relatado Scilingo». Por eso, la acusadora consideró acreditado que Scilingo participó del asesinato de prisioneros de la ESMA y requirió una pena que, si es aplicada por el tribunal oral, mantendrá al ex marino en prisión por el resto de su vida.

El fiscal Eduardo Fungairiño, que era superior de Delgado en la Audiencia Nacional de Madrid, atacó durante años la investigación del juez Garzón y, en consonancia con la Fiscalía General del Estado, rechazó la jurisdicción de España para sancionar crímenes perpetrados en Argentina.

Sin embargo Fungairiño fue reemplazado por Cánadio Conde Pumpido y, a partir de entonces, la Fiscalía modificó su postura frente al juicio por genocidio y terrorismo en las dictaduras del Cono Sur americano.

Los crímenes cometidos en la ESMA contra más de 4 mil prisioneros son investigados aquí por la Justicia Federal, que en setiembre de 2003 reactivó las causas por la represión ilegal que habían sido archivadas a fines de los '80 por la aprobación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La Corte Suprema tiene pendiente una resolución sobre la constitucionalidad de las leyes de amnistía. (DyN/AFP)


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