Piden aumento del 15% para el Poder Judicial

Beneficiará a empleados, jueces y funcionarios.



NEUQUEN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) oficializó ayer el pedido de aumento para los empleados judiciales y presentó a la Legislatura el proyecto de ley para obtenerlo. La iniciativa contempla un incremento del 15% para los magistrados, funcionarios y empleados, aunque quedaron excluidos más de un centenar de trabajadores de los juzgados de paz.

A casi un mes de haber manifestado que estaba negociando un aumento, el presidente del TSJ Roberto Fernández remitió a los diputados el proyecto de aumento salarial argumentando que permitirá “paliar, en parte, el atraso salarial que se viene registrando en nuestro sector”. Y solicitó “un plazo razonable” para su aprobación.

El pedido, respaldado por los demás integrantes del cuerpo y presentado por la mañana a los dirigentes del gremio judicial (Sejun), gira en torno a un alza general del 15% para la mayoría de los 1.200 empleados con los que cuenta la justicia provincial, retroactivo a julio de este año. Sin embargo el gremio lo rechazó porque no alcanza lo que pretende y anunció para hoy un nuevo paro en todas las dependencias judiciales.

La propuesta, que deberá tener la aprobación de los legisladores para su aplicación, también contempla excepciones. Por un lado deja al margen alrededor de 120 empleados de maestranza, técnica, administración y servicios de los juzgados de paz. Por el otro, establece el pago de la antigüedad a aquellos magistrados designados por la Legislatura y funcionarios de fiscalías y defensorías desde el momento en que obtuvieron título universitario.

En el primero de los casos, el argumento esgrimido fue que existe “la necesidad de eliminar las mayores asimetrías dentro del régimen remunerativo del poder Judicial”. Esto porque según indicaron fuentes de la justicia a este diario “un empleado de un juzgado de paz no puede cobrar lo mismo que el prosecretario de un juzgado”.

En el segundo, se subrayó que “en el espíritu de jerarquización y estímulo de la función judicial, corresponde propiciar el reconocimiento de l antigüedad en el título habilitante, que no sólo tiene en cuenta la presumible idoneidad que tal antecedente evidencia, sino también permite incentivar la deseable incorporación de abogados a la justicia”.

El secretario de Sejun, Rafael Rubio, sostuvo en diálogo con “Río Negro” que ambas medidas son “asimétricas”. Y resaltó que de acuerdo al presupuesto que maneja la justicia estaría en condiciones de otorgar un alza de hasta un 30%.

“El pago de la antigüedad va a implicar que la mitad de los magistrados tenga un aumento superior al 15%, ya que dejarán de percibirla desde el momento en que ingresaron al sistema y comenzarán a cobrarla desde la obtención del título”, dijo Rubio. “Respecto a los compañeros de maestranza, técnicos, administrativos y servicios de los juzgados de paz, la medida se toma porque existe una clara intención de tercerizar el servicio a empresas privadas”. Además resaltó que con la suba propuesta “un ingresante pasará de cobrar 805 a 922 pesos, lo cual está lejos de los 1.565 establecidos por el INDEC”.

El proyecto deja entrever que la justicia no solicitará un alza de la porción de la coparticipación federal que recibe para funcionar y que llega al 18% del total que cobra la provincia.


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