Piden colaboración a EE. UU. por sobornos en el Senado 10-02-04

Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron ayer que se solicite colaboración a la Justicia de EE. UU. para identificar una cuenta bancaria en la que se habría depositado parte de la coima que se pagó por aprobar en el 2001 la ley de reforma laboral.

El planteo fue formulado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a raíz de que un testigo declaró que Domingo Nicolás Avellaneda, un supuesto testaferro del ex senador Emilio Cantarero, viajó en 2000 a Nueva York para depositar el dinero.

La información sobre el viaje fue aportada a los fiscales el 12 de enero último por un periodista salteño, quien «acompañó un número de cuenta correspondiente a una entidad bancaria con sede en Nueva York y que él vincula como el imputado Cantarero», dice el requerimiento fiscal. En ese sentido, los fiscales consideraron que «se aprecia de interés identificar la cuenta de que se trata y dilucidar si Avellaneda viajó a los Estados Unidos durante 2000, en qué fechas, a qué lugar y con quién».

En caso de hacer lugar, el juez deberá enviar un exhorto al Departamento de Justicia estadou

nidense para requerir su colaboración.

Respecto de Avellaneda, los fiscales también reclamaron que se determine si tuvo algún vínculo laboral con el Congreso.

Avellaneda es un empresario y ex diputado provincial de Salta que, tras ser mencionado en la causa de los sobornos, negó haber realizado gestiones en favor de Cantarero, pero admitió haber viajado a Nueva York en 2000. Sin embargo, dijo que fue para visitar a una hija que es monja misionera y que no pisó un banco.

Por otra parte, los fiscales pidieron que se ordene «de manera urgente» un entrecruzamiento entre los teléfonos fijos y móviles que utilizaban el arrepentido Pontaquarto y Fraga Mancini, secretario del ex senador justicialista Remo Costanzo.

El cruce debería abarcar las llamadas entre abril y diciembre de 2000, debido a que los fiscales sospechan que Fraga mintió cuando declaró que nunca había hablado por teléfono con Pontaquarto en esa época, pese a que se lo señala como vinculado al pago de las coimas .

El secretario -quien goza de una falta de mérito en esta causa- podría ser citado nuevamente a ampliar su indagatoria debido a que recientemente dijo que se negaba a abordar «la cuestión de fondo», es decir el pago de las coimas, pero prometió hacerlo «un poco más adelante». Tras esos dichos, publicados por «Río Negro», los fiscales pidieron que se lo cite otra vez, pero el juez aún no hizo lugar a esa medida.

En tanto, una fuente vinculada con el ex senador Remo Costanzo, señaló que Esteban Righi sigue siendo su abogado y como tal lo está defendiendo en esta causa.

El portavoz del rionegrino indicó que Righi no tomó contacto con la prensa porque su estrategia es ceñirse exclusivamente al trámite judicial en curso. Además, según la misma fuente, el ex ministro del Interior durante la presidencia de Héctor Cámpora, en 1973, le aconsejó a Costanzo «no hablar con nadie» hasta que se clarifique su situación procesal.

Costanzo es uno de los involucrados por el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto en el expediente de las coimas. (ABA y Télam)

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- El teniente coronel Rodolfo Campos, a cargo desde el 2002 del Regimiento 4, dijo que en esa guarnición no permanecen activos cuadros que hayan estado en servicio aquí en 1986, época durante la cual se habrían aplicado tormentos a conscriptos que la justicia federal se dispone investigar.

En diálogo telefónico con este diario, el jefe militar dijo que aún no recibió una comunicación oficial dando cuenta de la reapertura de la causa judicial. De todos modos enfatizó que, tras las pertinentes comunicaciones con la cadena de mandos, el regimiento se pondrá a disposición de la justicia para las acciones que consideren oportunas.

Sin embargo, Campos aventuró que «posiblemente se tenga que investigar en otro lado, porque aquí no hay nadie que permanezca en servicio activo en este destino desde entonces». El juez federal Sergio Torres dispuso reabrir una investigación sobre supuestas torturas a soldados aplicadas en los 80 como método de entrenamiento militar, y que derivaron primero en un juicio castrense a un subteniente basado por entonces en San Martín de los Andes, y luego en una causa judicial, en ambos casos con sobreseimiento.