Piden condena para dos ex funcionarios de Las Ovejas

CHOS MALAL (ACHM).-La Fiscalía solicitó dos años y medio de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para el ex intendente Hernán Urrutia y el entonces secretario tesorero Pablo González por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos. La defensa pidió la absolución.

Si bien ambos fueron investigados por otros delitos, como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, la fiscalía no acusó por los mismos, pese a haberlos detallado en el debate oral y público donde se les endilgaban 11 hechos. La sentencia se dará a conocer el próximo lunes a las 17.

El juicio se desarrolló con la presencia de los dos imputados, el juez Miguel Manso, el fiscal Guillermo Elfembaum, el adjunto Alejandro Casañas y el defensor oficial penal Marcelo Velasco.

De unos treinta testigos citados al juicio sólo declararon cinco, entre ellos dos ex concejales y se desistió de los restantes.

El juicio se desarrolló con la prueba aportada por la defensa, dado que la fiscalía no presentó la misma en tiempo y forma.

Por la tarde se leyeron los alegatos, donde la fiscalía desistió de algunos hechos y sólo acusó por cuatro de ellos.

Urrutia y González llegaron a juicio a raíz de una denuncia efectuada por el intendente Vicente Godoy quien a poco de asumir detectó algunas irregularidades que puso en conocimiento de la justicia para que se investigaran.

La Fiscalía responsabilizó a los mismos de no haber abonado a la Caja de Ahorros y Seguros las pólizas en concepto de seguros de vida y riesgo laboral que el municipio había contratado a sus empleados, desde mayo a diciembre de 1999, cuyos descuentos habían sido practicados y que ascendieron a 9.682 pesos.

También de haberse abstenido de abonar a AMPSAS 3.987 pesos correspondiente a las cuotas societarias de los empleados municipales asociados a la misma, las que habían sido retenidas de los haberes de octubre y noviembre de 1999.

Otro de los hechos por los que se acusó a Urrutia y González tienen que ver con haber destinado para otros fines parte de un fondo no reintegrable de 60.000 pesos destinado a la construcción de cinco viviendas.

Por otra parte se los acusó de haber destinado 20.000 pesos de un subsidio no reintegrable de 35.000 enviado por el gobierno provincial para la compra de un autobomba, para el pago de sueldos.

La fiscalía desistió de acusarlos de otros hechos como la demora en el pago de seguros de personal y vehículos; de haber sustraído dinero que se encontraba depositado en la cuenta bancaria mediante el cobro de cheques por distintos montos; de abonar a una empleada vacaciones no gozadas.

Tampoco se pudo comprobar que los imputados hayan utilizado parte de un fondo no reintegrable de 33.000 recibido del gobierno nacional para la obra de Agua La Puntilla para el pago de un juicio contra el municipio y por daños y perjuicios y otros hechos que tenían que ver con el manejo de los fondos.

Por su parte, el defensor oficial Marcelo Velasco, quien ejerció la defensa de los imputados solicitó en sus alegatos la absolución basada en la falta de documentación para que se realizaran las pericias, las que consideró incompletas.

Hizo hincapié en que a través de las mismas no se demuestra adónde fueron desviados los fondos a los que se les habría dado un destino distinto y la falta de un dictamen por parte del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas municipales en ese momento.