Piden definiciones de Parques

En Bariloche quieren que se aclare la situación dominial y la autoridad de aplicación en costas públicas invadidas.

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El libre acceso a costas y playas continúa generando controversias en la ciudad lacustre.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ambientalistas y vecinos autoconvocados pidieron a Parques Nacionales que defina la situación dominial y la autoridad de aplicación en las playas y costas públicas invadidas por propiedades privadas.

La pregunta apunta al centro del conflicto que pesa sobre las márgenes de los lagos, ríos y arroyos que limitan o atraviesan la ciudad que, en su mayoría, están dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La controversia en torno al acceso y disfrute de las playas y espejos de agua cordilleranos comenzó a zanjarse con la delimitación de la línea de ribera, solución que todavía no tiene una aplicación concreta sobre el terreno.

Las organizaciones en defensa de Bahía Serena y por las Costas Libres enviaron una carta al intendente del Parque Nahuel Huapi, Juan Salguero, en la que solicitan definiciones sobre dos aspectos centrales relacionados con la línea de ribera.

La primera inquietud interroga sobre "la situación legal de las propiedades que, según planos registrados en los catastros de la provincia de Río Negro y de la municipalidad de Bariloche, se extienden hasta más abajo de la línea de ribera".

En segundo término piden que se defina "cuál es la autoridad con incumbencia para regular las acciones del propietario en la parte de su lote que se encuentra debajo la línea de ribera".

En diciembre de 2005, cuando el gobierno provincial reglamentó el marco normativo y reconoció la cota 770 como línea de ribera del lago Nahuel Huapi, Salguero reconoció que la aplicación de ese límite en el terreno generaría más de un litigio judicial. El entusiasmo generado por estos avances formales no se tradujo en acciones concretas, hasta la fecha continúa pendiente el amojonamiento del límite costero entre el lago y el ejido municipal y las definiciones de fondo sobre las propiedades privadas que avanzan sobre el mismo.

La discusión se trasladó a la eventual reforma del Código Civil que pondría orden definitivo a la problemática de uso de las playas públicas y la adhesión a la ley provincial 3365 para crear un marco normativo que garantice el acceso a las costas.

La primera de estas iniciativas prevé impulsar en el Congreso Nacional una modificación del Código que incluya las playas y costas de lagos y ríos no navegables dentro de las áreas de reserva del Estado para garantizar su uso público a perpetuidad.


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